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Pasta de Conchos: la OIT y las omisiones gubernamentales

Por Manuel Fuentes

El Gobierno mexicano emitió apresuradamente un boletín de prensa esta semana para anunciar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de la Reclamación motivada por la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la Unidad 8 de la Mina «Pasta de Conchos» ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila en donde habían fallecido 65 mineros y «declaraba cerrado el procedimiento».

Varios medios de comunicación destacaron la versión gubernamental de que la Reclamación en la OIT contra las autoridades mexicanas se daba por concluida y la exculpaba de toda responsabilidad; sin embargo el boletín oficial contiene una información parcial que debe ser aclarada.

La OIT considera que el gobierno mexicano en «la inspección del trabajo de Sabinas, Coahuila, no hizo todo lo que razonablemente podía haber hecho para reducir al mínimo los efectos del accidente».

Es cierto, no actuó con la diligencia adecuada, se tardó 15 meses en requerir a la empresa Minera México, corrigiera 36 irregularidades. No ordenó su cierre a pesar de que los propios inspectores reconocieron que esas omisiones impedían «garantizar íntegramente la salud y la vida de los trabajadores».

La autoridad mexicana busca eludir su responsabilidad al señalar que en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos «esto ya fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública al determinar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año a seis ex trabajadores de la STPS, incluyendo a quien fuera Delegado Federal del Trabajo».

Es evidente que los inspectores sancionados fueron «chivos expiatorios» para eludir la responsabilidad de los funcionarios responsables de dirigir, evaluar y dar seguimiento a las acciones para la prevención de riesgos de trabajo que no llevaron a cabo. La sanción de inhabilitación de un año es ridícula; en casos menos graves a servidores públicos se les ha sancionado de manera más severa.

No se dice en el boletín gubernamental que fue exculpado Francisco Javier Salazar Sáenz, Secretario de Trabajo, quien a pesar de ser el responsable de dar seguimiento a las acciones para la prevención de riesgos de trabajo en la zona minera y en todo el país sus acciones en esta materia, fueron nulas.

El Gobierno mexicano omite señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha negado a ejercer acción penal contra los servidores públicos que incurrieron en negligencia, retraso y omisiones en materia de inspección que produjo la muerte de 65 mineros.

No se dice que el 19 de diciembre de 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 64/2008 contra la PGR por la deficiente integración de la averiguación previa en contra de diversos servidores públicos que incurrieron en negligencia u omisiones graves al inspeccionar la mina afectada.

El boletín oficial también omite señalar que la Secretaría de Economía sigue defendiendo a la empresa Minera México para impedir se le retire la concesión minera a pesar de que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal en el expediente 1442/2008 le ha ordenado inicie el procedimiento de cancelación de la concesión por la omisión de esa empresa en la prevención de riesgos de trabajo.

La OIT en su resolución, de acuerdo con el boletín oficial, señala que el Gobierno mexicano deberá cerciorarse «se paguen, a la brevedad, indemnizaciones adecuadas y eficaces al total de las 65 familias afectadas, de conformidad con la legislación nacional y se imponga sanción a los responsables». El Gobierno alega que con su intervención se ha logrado obtener cantidades superiores a las que por ley correspondería a los beneficiados.

El Gobierno mexicano se abstiene de explicar en su boletín que nunca hizo lo necesario para reclamar a favor de las viudas la diferencia de los salarios que percibían los mineros fallecidos con las cantidades inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fueron reiteradas las denuncias de los familiares de que a los mineros se les pagaba una cantidad superior que nunca fue reportada.

Esa «asesoría gratuita» de la que presume el gobierno nunca promovió el reclamo de la diferencia de salarios a la que tenían derecho los deudos para mejorar el pago de su pensión ante el IMSS. Tampoco hizo del conocimiento a esta institución de seguridad social se iniciara acción penal contra Minera México ni la contratista General de Hulla por el fraude cometido al inscribir salarios inferiores a los que percibían los mineros fallecidos.

Javier Lozano, secretario de Trabajo, aseguró se pagarían las pensiones de las viudas con el triple del salario que la empresa cubría y cotizaba en el IMSS por más de un año después de la muerte de los mineros, más una sanción del 25 por ciento por la negligencia cometida. La ineficacia de la asesoría oficial echó al suelo cualquier posibilidad de lograr este cometido.

En el boletín gubernamental se asegura que las recomendaciones de la OIT son coincidentes con las acciones emprendidas desde el inicio de la actual administración entre ellas «privilegiar las labores de rescate de los cuerpos de los mineros». Sin embargo esta aseveración está alejada de la realidad, porque las labores de rescate se encuentran suspendidas hace dos años.

Un gobierno que quiera ser congruente debe responder con acciones reales para prevenir los riesgos de trabajo en este país. Eludir responsabilidades, dar versiones parciales, no solo es faltar a la verdad sino seguir propiciando la impunidad en los centros de trabajo de nuestro país. En Pasta de Conchos sigue la vena abierta.

* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
[email protected]

09/MF/LAG/GG

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