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Pasta de Conchos, nunca el olvido

Por Guadalupe Cruz Jaimes

El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina carbonera 8, Unidad Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila: 73 mineros quedaron atrapados bajo los escombros, 8 de los cuales fueron rescatados con heridas y quemaduras graves, dos más sin vida y los cuerpos de 63 restantes permanecen desde entonces en la mina.

Las viudas y familiares de los mineros, integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos, convirtieron su dolor en espíritu de lucha, en reclamo para que los cuerpos se rescaten y su voz se ha hecho escuchar en el país y en el extranjero.

“Salir para exigir el rescate de ellos, pedir que se finquen responsabilidades, me ha ayudado a convertir el dolor en una lucha que representa un no a la impunidad”, dice a Cimacnoticias Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz.

Por más de 2 años Industrial Minera México (IMM), presidida por Francisco Javier García Quevedo y propiedad de Germán Larrea, ha dicho que no existen condiciones de seguridad necesarias para ingresar a la mina y rescatar a los mineros, pero el pasado 15 de mayo personal de la empresa entró para sellar la bocamina.

Desde entonces, un grupo de viudas y familiares permanecen las 24 horas en las inmediaciones de la mina para impedir que sea sellada, sin importar el abandono en el que se encuentra el yacimiento, sin luz, ni agua, resguardada por un par de guardias de la empresa.

Junto con Elvira Martínez han estado en resistencia las viudas María del Refugio López, Lourdes Zapata, Teresa Contreras y familiares como Alma Álvarez, Trinidad Cantú y Raúl Villasana, también la OSC Equipo Nacional de Pastoral Laboral y la Diócesis de Saltillo.

RECUENTO

A los 5 días de la explosión, IMM suspendió el rescate, con el argumento de que al interior de la mina había “altas” concentraciones de gas que impedían la subsistencia humana.

Un día antes de que cesaran las obras de rescate, la empresa ofreció a las viudas y familias una “ayuda humanitaria”, que comprendía 750 mil pesos, casas y el pago triple del salario, mientras les entregaban las indemnizaciones y pensiones, que hasta hoy no han dado.

Elvira Martínez fue la única que rechazó el dinero y emprendió, junto con las demás viudas y familiares, una lucha por el derecho a sacar a los mineros caídos.

El 4 de abril de 2007, IMM anunció la cancelación de las obras de rescate, con el 40 por ciento de la mina rehabilitada. Lo decidió pagando peritajes que afirmaban que el 25 por ciento aún no explorado en la mina contenía agua contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tuberculosis, que pondrían en riesgo la vida de rescatistas y de la población.

Días después, Familia Pasta de Conchos solicitó la intervención de Javier Lozano, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), pero el funcionario “jamás pidió a la empresa probar su dicho, aunque la mina es una concesión estatal”, aseguró la OSC.
En 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, responsabilizando a la STPS por permitir que IMM funcionara sin contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud y vida de los mineros.

Ese mismo año la OSC interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de ratificación del país de los Convenios 81, 174 y 176 sobre la inspección de trabajo, prevención de accidentes y seguridad en minas, respectivamente.

En marzo de 2007 la Procuraduría de Justicia de Coahuila giró cinco órdenes de aprehensión por homicidio culposo contra funcionarios “menores” de IMM. Ellos depositaron 180 mil pesos para cada familia y con ello, según la ley estatal, repararon el daño.

Funcionarios estatales y de IMM visitaron a las familias advirtiéndoles que sólo tenían 10 días para cobrar, cuando por ley son 10 años, o de lo contrario perderían el pago. Las familias, en su mayoría, firmaron sin saber que con ello otorgaban el perdón y cerraban la posibilidad de llevar a la empresa a juicio.

SIN RESPUESTA

La justicia en el país no es para todos, dice Elvira Martínez, “es sólo para los que tienen recursos, como IMM”.

Las ventas de IMM alcanzaron 7 mil 509 millones de dólares en 2007, año en que Grupo México ocupó el número 20 y Minera México el 60 entre las 500 empresas más importantes del país.

Familia Pasta de Conchos acudió a la Secretaría de Economía (SE) para solicitar la cancelación de la concesión de la mina carbonífera a IMM, pero la institución respondió que Elvira Martínez no tenía interés jurídico para su solicitud y que ni los mineros, en caso de haber sobrevivido al siniestro, lo tendrían.

Fue también a Gobernación (SG) para solicitar una visita ocular a la mina 8, para considerar la viabilidad del rescate. La respuesta, dada el pasado y de marzo a través de su titular Juan Camilo Mouriño, fue una negativa, pero sobre el rescate.
Y en junio pasado la Presidencia de la República ordenó, a través de un escrito, a la SG que respondiera a la solicitud de viudas y familiares, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

JUSTICIA, ÚNICO FIN

Elvira Martínez dice, mientras cuida a sus hijas e hijo, que el futuro de las familias dependerá de sus necesidades. Le gustaría conseguir trabajo y no cesa en su idea de conseguir también justicia.

Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social logró que las 65 viudas y familias de los mineros caídos aceptaran recibir una pensión con base en el último salario de los trabajadores, lo que significa, dice Martínez, que nos darán menos de lo que por ley nos corresponde.

La OSC, en tanto, elabora un documento sobre las violaciones a los derechos humanos de mineros, viudas y familiares, que llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y como desde hace 2 años, viudas y familiares realizarán el próximo 19 de agosto una misa más en memoria de sus muertos, frente a las oficinas de Grupo México en el DF, donde han realizado 2 plantones, de 32 y 28 días cada uno.

08/GCJ/GG

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