Ante la incesante violencia y el feminicidio contra las mujeres de San Juan Copala, Oaxaca, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), preparan la solicitud de una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la comunidad Triqui en el estado de Oaxaca.
En entrevista, la abogada Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México, adelantó que a inicios de la semana próxima, su organización junto con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, presentarán la solicitud.
«Es una solicitud formal, ya que las mujeres y niñas de San Juan Copala, son víctimas de violaciones sexuales y desapariciones forzadas, sin que el Gobierno Estatal, ni Federal intervengan».
Las autoridades «se han limitado al discurso, y a señalar que es un problema de grupos mientras que las mujeres y niñas son utilizadas como botín de guerra», sostuvo.
«Las mujeres son tomadas como un botín político y son quienes pagan de manera cruel las rencillas entre estos grupos; no existe respeto alguno a los derechos humanos y derechos de las mujeres»
La abogada precisó que la situación en San Juan Copala reúne todas las características establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), para activar la AVG en la región Triqui, toda vez que la violencia ocasiona asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas.
De acuerdo con los artículos 33 y 34 del Reglamento de dicha ley las OSC, podrán solicitar al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), una investigación previa para decretar la AVG, misma que implica realizar una serie de acciones de emergencia que debe emprender el gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad.
Confirmó que la solicitud, que se encuentra en proceso, será enviada al Inmujeres, en su calidad de Secretaria del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, y esa instancia tendrá que revisarla y decidir en dos días hábiles la aceptación.
Una vez aceptada, el Inmujeres convoca al Sistema a sesión extraordinaria para que se decida si procede la investigación. Si así ocurre, el sistema conformará un grupo interinstitucional y multidisciplinario que estudie y analice la posible emisión de la AVG.
«La sola investigación ya sería un gran avance en la zona, ya que hasta el momento no existe ninguna de este tipo, y mostrará la responsabilidad y voluntad del Estado para realizarla e integrar a personas expertas», enfatizó la abogada.
Una vez que termine la investigación, se informará si se declara o no la AVG. En caso de que se concluya que si se emitirá la Alerta, ésta será remitida a la Secretaria de Gobernación (SG), quien preside el Sistema, para que a su vez la emita y notifique al titular del Poder Ejecutivo Local.
En mayo de 2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de una carta urgió a la SG a emitir la AVG para la comunidad Triqui en Oaxaca, sin embargo no fue escuchada toda vez que el Reglamento de la Ley General tenía dos meses de haberse publicado, detalló la abogada.
La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento fue publicado un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señala que la región Triqui, es una zona donde las mujeres y niñas se encuentran en mayor riesgo para su integridad y seguridad, por el contexto político de la región, caracterizado por las continuas disputas de varios grupos políticos que se disputan el control.
En julio pasado, en una visita realizada a Oaxaca, las diputadas Franziska Keller y Satu Hassi, del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo (PE ), se entrevistaron con mujeres del Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala, que lleva más de diez meses sitiado por paramilitares armados.
Constataron que las mujeres ponen en riesgo su vida al tratar de conseguir alimentos, son violentadas y secuestradas, no hay servicios básicos de salud y educación. «Queda más que claro que el Estado mexicano no cumple con su función básica de proteger la vida», aseguraron a Cimacnoticias el 5 de julio de 2010
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