Miles de mujeres migrantes están temerosas pues el Departamento de Seguridad Nacional está revisando su política respecto a la Violence Against Women Act Visa, bajo la cual 30 mil 670 mujeres tienen una visa que les permite estar en este país, con la posibilidad de obtener su green card.
A través de la Violence Against Women Act se permite a las esposas continuar en este país aún cuando sus abusivos maridos, que son ciudadanos o residentes con documentos en regla, se rehúsen a ayudarlas para conseguir su estatus legal.
Desde 1994, más de 30 mil 670 inmigrantes casadas se han acogido a la visa Violence Against Women Visa Act.
Ana Berta Arellano, mexicana radicada en Sacramento, contó al diario Sacramento Bee, que ella tiene su propio restaurante y limpia oficinas todas las noches. Dijo tener miedo de que la política cambie porque podría destruir su seguridad familiar, por la que tanto ha luchado para ella y sus hijos.
Sin esa protección, Arellano podría terminar deportada por los mismos oficiales estadounidenses que acordaron brindarle apoyo hace seis años, luego de los abusos de que fue objeto, y permanecer documentada aquí con una visa especial provisional.
«Tengo mi propio seguro médico. No tomo ninguna ayuda de nadie. No quiero nada más. Sólo la oportunidad de tener estabilidad de mi familia», dijo Arellano, de 37 años de edad, una de las miles de inmigrantes, de las miles de madres de niñas y niños ciudadanos nacidos aquí. Pero su propio esposo, residente permanente de los Estados Unidos, nunca llenó los papeles para patrocinarla como residente permanente, añadió.
Y narró cómo llegó a este país: después de que se casaron, él le dijo que cruzaran la frontera de México, aunque ella no tuviera documentos, en 1997, asegurándole que él haría la petición de residencia una vez estando aquí. No obstante, dice, aprovechando que ella carecía de documentos migratorios, le advirtió que no podría levantarle ninguna demanda por los golpes e insultos verbales que recibiera.
Arellano, quien estuvo de acuerdo de hacer pública su historia, dijo que no contaba con alguna alternativa, hasta que encontró un abogado que la ayudó a postularse en el 2001 para una visa temporal llamada Violence Against Women Act Visa.
Con pruebas suficientes de agencias y otras instancias de gobierno, ella comprobó a la oficial de migración que su esposo abusaba de ella y no la patrocinó para obtener su green card. Le concedieron la Violence Against Women Act Visa y un permiso de trabajo con lo que pudo sostenerse y a su familia, trabajando legalmente.
Empezó su propio negocio y obtuvo un seguro médico por medio de su trabajo de limpieza. Y con base en su visa temporal hizo su petición, sin esposo, para su residencia permanente (green card).
Cuando Arellano aplicó, hace seis meses, se sintió optimista. Con su green card podría viajar libremente y buscar su ciudadanía, pues con la visa temporal Violence Against Women Act no puede ir a México a visitar a su mamá que está enferma, ni aplicar para su ciudadanía.
Con esa visa temporal, Arellano tiene miedo, casi pánico, de que se la puedan revocar en cualquier momento, si cambia la política, pues su petición para la green card fue puesta en espera por la oficina de Sacramento de Citizenship and Immigration Service, dependiente de Homeland Security.
La agencia en cuestión declinó hacer comentario al respecto. Pero Sharon Rummery, vocera de la oficina de Citizenship Service de San Francisco, dijo que la institución está considerando negar la petición de green card a una inmigrante sobreviviente de abuso que entró a los Estados Unidos en el pasado indocumentada.
En tanto, defensores de los derechos migratorios sospechan que la política está bajo consideración porque quieren revisarla con otras leyes migratorias, las cuales se han endurecido desde mediados de los 90 para hacer más difícil que personas indocumentadas obtengan la green card.
Pero, por lo menos hasta este momento, las víctimas de abuso doméstico, a quienes sus esposos deliberadamente no quieren patrocinarlas para obtener su estatus legal, continúan estando en un grupo especial.
«En este clima, todo se interpreta en forma muy estricta», dijo la abogada de Sacramento de migración Marien Sorensen, quien lleva el caso de Arellano y el de otras tres mujeres, refiriéndose a la presión publica que vive la inmigración indocumentada. Ella conoce el problema, pues ha representando a docenas de inmigrantes en la obtención de la green card.
Y en todo el país, abogados y otros representantes de estas inmigrantes han reportado que la obtención de las green cards está en el limbo, dijo Ellen Kemp, coordinadora del National Lawyers Guild’s Immigration Project de Boston.
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