Decenas de trabajadoras realizaron un mitin para protestar en contra del cierre de la planta de Confecciones Monclova Sara Lee, con sede en Ciudad Frontera, Coahuila, que dejaría sin trabajo a cerca de mil 220 empleados, de los cuales el 80 por ciento son mujeres.
De igual forma exigieron al gobernador del estado, Enrique Martínez y Martínez, hacer algo al respecto para evitar el cierre de la empresa, puesto que no existe justificación que constate la supuesta quiebra.
Trabajadoras y trabajadores de Confecciones Monclova y la Organización Servicio, Desarrollo y Paz (SEDEPAC), informaron además que la empresa es filial de la trasnacional Sara Lee.
Durante el mitin realizado esta semana, estuvieron presentes el diputado local José Guadalupe Saldaña, dirigente de la sección 288 de Altos Hornos de México y el diputado federal, Pablo Franco, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Franco informó del Punto de Acuerdo presentado en la Comisión Permanente, en el que se le solicitó al Gobernador del Estado de Coahuila, Martínez y Martínez su intervención de manera inmediata, para impedir el cierre de esta importante fuente de empleo para la región.
Además para que la empresa se comprometa a respetar los derechos laborales de acuerdo al marco jurídico laboral vigente en nuestro país, incluido el derecho a la libre sindicalización.
Simultáneamente a este mitin, en Torreón se realizó una acción con la participación de 30 personas frente al centro comercial Wal Mart en apoyo a las trabajadoras de Confecciones Monclova, con mantas y cartelones que decían «no al cierre de la planta».
Sin embargo fueron presionadas y obligadas por personal y guardias de seguridad a salir del lugar y amenazaron con desalojarlas con la fuerza Pública, por lo que salieron al estacionamiento a continuar con la acción, debido a que traían niñas y niños.
Las trabajadoras de Confecciones Monclova Sara Lee, han sido objeto de múltiples vejaciones entre las que destacan la exigencia de exámenes periódicos de no embarazo, y el sometimiento de las que ya lo están, a trabajos pesados con el fin de que renuncien a su puesto laboral.
Al menos mil de ellas fueron despedidas durante 2001 con un deteriorado estado de salud debido al trabajo que realizaban, sin embargo este hecho no fue reconocido como enfermedad profesional, por lo que no fueron indemnizadas, destacaron las organizaciones denunciantes.
Ante ello, se conformó un Comité de Trabajadoras que luchan por un sindicato y para ello han realizado una serie de acciones entre las que destaca la presentación de un pliego petitorio que solicita que no se cierre la empresa.
2004/HS/GV/SM
