México DF, 9 marzo 07 (CIMAC). La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) teme que el descontento generalizado en las poblaciones indígenas cercanas a la comunidad de Tetlalzingo, Veracruz, así como la desestabilización social y política de la región desemboque en acciones violentas por parte de los pobladores y las autoridades, luego de la violación y muerte de una mujer de 73 años a manos presuntamente de militares.
En comunicado de presa, emitido en la ciudad de Ginebra, el Secretariado Internacional de la OMCT informó que ha recibido con mucha preocupación la información del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y de los integrantes de la red SOS-Tortura, referentes al caso de la mujer nahua de 73 años de edad.
Los informes recibidos por la OMCT indican, que la mujer fue violada tumultuariamente por elementos castrenses en la comunidad de Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, Veracruz, crimen que resultó en su fallecimiento.
En este sentido, resaltó la OMCT, son de especial preocupación los comunicados emitidos por las autoridades militares respecto al caso, ya que en ellos se deslindan de cualquier responsabilidad.
Una muestra es el comunicado del 6 de marzo, en el que declararon que «delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen» y, habrían portado las mencionadas prendas con el fin de inculpar a integrantes del Ejército para con ello lograr que los militares abandonen el área.
Ante tal discurso, a la OMCT le preocupa que las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Ejército no sean exhaustivas e independientes, y que el caso quede impune.
Y manifiesta su temor de que estas graves violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores sin sanción alguna, ante lo cual solicita al gobierno que la investigación disciplinaria de rigor se lleve a cabo a través de la Procuraduría Regional y de la Procuraduría General de la República, para que todo esto conduzca a una investigación penal, exhaustiva e imparcial sobre estos graves hechos.
Se trata, dice, de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas estipuladas en la ley, teniendo en cuenta que tan grave hecho criminal no puede ser calificado, bajo ninguna circunstancia, como un acto propio del servicio.
SOLICITUD DE JUSTICIA
Por ello solicita a las autoridades de México tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la familia de la indígena nahua.
También llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la violación sexual de la mujer con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Así como brindar una reparación a la familia y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura y con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).
MÉXICO SE COMPROMETIÓ
El organismo internacional enfatiza que México es Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en su Artículo 2, estipula: «Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y, con tal objeto, se comprometen a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.
Además, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en su artículo 4 c, estipula que los Estados deben «proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares».
LOS HECHOS
Según las informaciones, el 25 de febrero de 2007 la mujer indígena fue violada por entre cuatro y 11 miembros del 63° Batallón de Infantería de la 26ª zona militar de Lencero, Veracruz. La mujer fue hallada aún con vida por sus familiares y les relató lo ocurrido.
Según el testimonio de la víctima: «los militares se le vinieron encima». Más tarde, debido a su crítico estado de salud, fue trasladada al hospital regional de Río Blanco, en donde ella murió el 26 de febrero.
De acuerdo a lo informado por sus familiares, el certificado de muerte señaló que la señora Ernestina Ascensio fue violada y que falleció como consecuencia de una infección en intestinos e hígado y también presentaba huellas de tortura y perforación del recto.
07/GT/GG
