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Peligroso avance de la derecha en el Poder Legislativo: activistas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Diputados y senadores de todos los partidos obstaculizan la legislación a favor de los derechos de las mujeres al querer imponer sus creencias religiosas y modelos de vida con acciones que violan el Estado laico, dijeron organizaciones civiles por el derecho a decidir.
 
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) y REDefine acusaron que mientras en el país las y los activistas impulsan debates legislativos por la despenalización del aborto y los derechos de las parejas del mismo sexo, hay legisladores que realizan acciones contrarias para imponer sus posturas religiosas.
 
En Guerrero, por ejemplo, señalaron las feministas, durante la discusión de las comisiones unidas de Salud, Justicia y Equidad de Género para aprobar o rechazar la iniciativa de despenalización, la diputada priista Julieta Fernández Márquez reunió a un grupo de religiosos en el Congreso estatal para que ofrecieran una misa.
 
También acusaron que la diputada perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, “falseó los argumentos” para no aprobar la iniciativa a favor del derecho a decidir, ya que argumentó que esa “no era la voluntad del pueblo”, sin que la iniciativa se hubiera sometido siquiera a una consulta popular.
 
Finalmente, las activistas criticaron que la reciente instauración de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado es el caso más reciente en el que un senador panista, en este caso José María Martínez, titular de la instancia, pretende imponer sus propias creencias sobre un único modelo de familia.
 
El pasado 12 de junio, cuando se instaló la comisión, Martínez, secundado por el también panista Jorge Luis Preciado –presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta–, emitió declaraciones discriminatorias contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y contra las parejas del mismo sexo.
 
Por eso, Regina Tamés, directora de GIRE, detalló en conferencia de prensa a propósito del debate sobre la despenalización del aborto en Guerrero, que debe haber “consecuencias políticas” para quien realice cualquiera de estos actos, ya que vulneran los derechos de las mujeres, obstaculizan los avances de las activistas, son anticonstitucionales y violan el Estado laico.
 
Declaraciones como ésas, aseguró, revelan la incapacidad de los servidores públicos para disociar sus creencias personales de su responsabilidad como funcionarios, y denotan un ejercicio del poder basado en imposiciones y no en argumentos científicos ni que representen al común de la sociedad.
 
En ese sentido, Tamés señaló que también es responsabilidad de los consejos ciudadanos, como la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de presionar a las instancias de gobierno para que los servidores públicos que cometen estos actos de intolerancia sean sancionados.
 
QUEJA CONTRA PANISTA
 
Este 18 de junio la Asamblea Consultiva del Conapred manifestó su preocupación por las declaraciones abiertamente discriminatorias del senador José María Martínez, y señaló que el legislador pretendió hablar en nombre de las y los integrantes de la comisión y de la población mexicana al defender una posición única de lo que debe ser una familia.
 
Los consejeros del Conapred, entre los que están Pedro Salazar Ugarte, Gabriela Warkentin, Clara Jusidman, Marta Lamas, Ricardo Raphael, Elvira Arellano y Jacqueline Peschard, condenaron que desde ese espacio legislativo se quiera trabajar a favor “de la vida”, desconociendo que la penalización del aborto cobra la vida de miles de mujeres en nuestro país.
 
“Como servidor público y presidente de una comisión legislativa, sus opiniones son graves y muy preocupantes en una sociedad democrática que busca la pluralidad y en donde hace sólo tres años se reformó la Constitución para incorporar los Derechos Humanos (DH) de todas las personas, reconociendo la importancia de los principios de progresividad y pro persona”, explicaron en un comunicado.
 
En ese sentido, la Asamblea del Conapred recordó a las y los integrantes de esa comisión que están obligados a conducirse con respeto a los DH y sin discriminación; obligaciones que ha contraído el Estado mexicano en materia de no discriminación hacia todo tipo de familias, así como el derecho a una maternidad libre y voluntaria de las mujeres.
 
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