La organización PEN Internacional hizo un llamado a las asociaciones y personas vinculadas a la libertad de expresión para que envíen mensajes a las autoridades de México y a las representaciones diplomáticas en cada país, en los que se pidan medidas para garantizar la seguridad de Miguel Ángel Casillas Báez, su familia y otros periodistas del Diario de los Altos, Jalisco.
Casillas, director editorial del mencionado diario, fue amenazado el 18 de marzo por un hombre que decía ser un mando de los «Zetas», una organización criminal responsable de cientos de asesinatos; la amenaza se debió a que el comunicador y el periódico para el que trabaja han informado de forma crítica sobre el proyecto de desarrollo de una represa en El Zapotillo, región de Los Altos, estado de Jalisco.
De acuerdo con la información, publicada por Periodistas-es, el plan de edificar la represa en el Río Verde, a su paso por El Zapotillo, ha causado preocupación entre las comunidades locales, especialmente las de Temascapulín, Palmarejo y Acasico, que quedarán inundadas.
El 18 de marzo, el director del periódico recibió una llamada en su teléfono móvil, en la que le advirtieron que conocían sus movimientos y los de su familia y le preguntaban si pensaba colaborar con ellos; el desconocido insinuó que actuaba en nombre de un político que deseaba causar daño a Miguel Ángel Casillas.
Un día antes Casillas se dio cuenta que alguien había entrado a su correo electrónico personal y al del periódico; los intrusos habían dejado un mensaje que decía «hoy el secuestro fue del korreo electrónico del medio kuidado kon lo ke publican no keremos lastimar a nadie. Saludos desde el congreso de Jalisco de un amigo que te quiere mucho y te vigila con ansias de encontrarte. Yunque Jalisco».
PEN Internacional, al igual que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Article 19, pidió a las autoridades mexicanas que cumplan con las obligaciones que han contraído en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos y que garanticen que las personas que defienden los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias.
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