Como parte de la campaña Libertad para escribir en las Américas lanzada en febrero 2009, el Comité de Escritores en Prisión del PEN Internacional (WiPC por sus siglas en inglés) marca el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, por medio de la celebración del trabajo de cuatro mujeres escritoras que están bajo amenazas en la región.
Ellas son: la guionista y activista colombiana Patricia Ariza, la poetisa y estudiante peruana Melissa Patiño, y las autoras y periodistas mexicanas Lydia Cacho y Sanjuana Martínez Montemayor, informa el portal www.p-es.org
Aunque ninguna de estas mujeres están actualmente detenidas, ellas enfrentan acoso por parte del Estado y de otros actores no estatales que reflejan por una parte la polarización política que está afectando a Latinoamérica, y por otra parte la resistencia a cubrir un tema que permanece sin duda un tabú en la región: el abuso sexual.
De enero a diciembre 2008, el WiPC registró ataques contra 37 escritoras en once países en las Américas. Los países con ataques más frecuentes fueron: México (10 de 37 casos), Perú (9), Venezuela (6) y Colombia (4). La mayoría de las escritoras en cuestión son periodistas.
La forma más común de los ataques fue por medio de amenazas de muerte, con once mujeres habiendo recibido estas amenazas, mientras que otros tipos de amenazas y acoso también fueron reportados, con siete y ocho casos respectivamente.
Además, tres mujeres fueron brevemente detenidas, cinco sufrieron ataques físicos – todas en Venezuela – dos fueron enjuiciadas, ambas en Perú, y una periodista brasileña recibió una sentencia sin privación de libertad.
LOS CASOS
Mientras que estos patrones son representativos de los ataques contra escritores en las Américas en general, los casos de las mujeres actualmente bajo amenaza tienen dos temas que caben resaltar.
Por una parte están los casos de Ariza y Patiño quienes han sido acusadas de tener afiliaciones terroristas debido a su supuesta colaboración con grupos políticos izquierdistas.
Por otra parte, hay un número de casos en México, incluyendo los de Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, en donde las autoras han sido objeto de acoso como resultado directo de sus reportajes de explotación sexual y pedofilia.
El Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional protesta por el hostigamiento de Patricia Ariza, Melissa Patiño, Lydia Cacho y Sanjuana Martínez Montemayor y exige que se les permita vivir y trabajar libremente, de acuerdo con el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica), del cual Colombia, México y Perú son signatarios.
ACOSADAS POR REVELAR EXPLOTACIÓN SEXUAL
Lydia Cacho es autora, periodista y activista por los derechos de las mujeres, ganadora del premio Tucholsky 2008 otorgado por PEN sueco y del premio Oxfam /Novib PEN por la Libertad de Expresión. Después de la publicación de su libro sobre abuso infantil y círculos de pornografía en Cancún, Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía en el 2005, Cacho fue arrestada ilegalmente, detenida, maltratada y amenazada con ser violada y asesinada.
Su situación supuestamente tuvo lugar bajo las órdenes de Mario Marín, gobernador del estado de Puebla, en colisión con Kamel Nacif Borge, un hombre de negocios de Puebla implicado en el libro. Cacho pasó por un año lidiando con una demanda de difamación criminal por parte de Nacif Borge.
Los cargos en contra de Cacho fueron completamente retirados en el 2007 pero ella continua siendo objeto de amenazas por sus escritos.
El 29 de noviembre del 2007, la Suprema Corte de Justicia de México declaró que el arresto de Cacho en el 2005 y su detención no habían constituido una seria violación a sus derechos constitucionales. Después de esta declaración, la Comisión de Derecho Humanos de las Naciones Unidas le recomendó a Cacho que saliera del país y le ofrecieron asilo político, asistencia legal y acceso a cortes internacionales.
En abril 2008, la Oficina del Fiscal General dio órdenes de aprehensión a cinco servidores públicos de Puebla que supuestamente estuvieron involucrados en la detención de Cacho.
Se dice que estos servidores incluyeron a un ex fiscal general, un ministro, un comandante de policía y varios oficiales del sistema de justicia criminal que supuestamente falsificaron documentos para facilitar el arresto de Cacho.
En junio 2008, una corte en el estado de Quintana Roo declaró que aunque había evidencia de una detención arbitraria y de tortura, la corte no podía aceptar su caso por razones jurisdiccionales y recomendó que se llevara el caso a Puebla.
La apelación de Cacho fue rechazada en enero 2009. Cacho alega que los archivos de su caso han sido alterados y que información clave ha sido removida por la oficina del Fiscal General, debilitando su caso.
Ella cree que es imposible conseguir justicia en Puebla dado el rol de las autoridades en su situación y está preparando la presentación de su caso ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. Cacho recibió más amenazas el 24 de febrero 2009.
Sanjuana Martínez Montemayor ha sido víctima de hostigamiento, incluyendo amenazas de muerte, desde el 2006 por sus escritos acerca de los supuestos vínculos entre la Iglesia Católica y el abuso sexual de niños en México.
Las amenazas de muerte, las cuales empezaron en septiembre 2006, aumentaron en diciembre del mismo año después de la publicación de su libro El Manto Púrpura, el cual documenta los supuestos abusos que aparentemente han sido cubiertos por las autoridades de la Iglesia Católica en México y en los Estados Unidos.
Las amenazas continuaron en enero 2007 mientras ella estaba reportando sobre alegaciones de abuso sexual de niños por parte de un sacerdote mexicano. Martínez también reportó haber sido seguida por coches sin placas en varias ocasiones. Ella dice que no presentó ninguna queja oficial a las autoridades porque no les tiene confianza.
El hostigamiento continúa, aunque de manera más sutil. En marzo 2008, Martínez fue despedida del periódico Milenio, con base en Monterrey. Pese a que se citó como razón la «reestructuración» del periódico, se dice que se tomó la decisión después de la publicación de un artículo de Martínez en el cual criticaba la manera en que el gobierno federal lidió con la muerte de una mujer indígena de 72 años quien supuestamente había muerto después de haber sido violada por soldados mexicanos.
En septiembre del 2008, Martínez alegó que Sanborns, una de las librerías más populares de México (la cual es propiedad de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo), había tratado de bloquear la venta de dos de sus libros, incluyendo Prueba de Fe, el cual documenta las alegaciones de una red pederasta con vínculos a cardenales y arzobispos católicos. Como resultado, otras librerías también restringieron la venta del libro, dando como justificación el hecho de que son negocios católicos.
POETAS ACUSADAS DE VÍNCULOS CON TERRORISMO
Patricia Ariza es una guionista, dramaturga, poetisa, actriz y activista política y de derechos humanos muy reconocida en Colombia. Ella ha sido víctima de una campaña de hostigamiento desde finales del 2008, incluyendo una supuesta investigación buscando vincularla a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Supuestamente, Ariza fue nombrada en un documento producido por la división de antiterrorismo de la Fiscalía General, como una promotora del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y del Partido Comunista Colombiano Clandestino, PC3, el cual estaría vinculado a las FARC.
El documento, el cual se dice está basado en la inteligencia de la policía y el ejército, enlista afiliaciones pasadas de Ariza, incluyendo su membresía a la Juventud Comunista (JUCO), y al movimiento de poesía Nadaísta, así como un periodo ‘hippy’.
El documento alega que sus actuales actividades en el teatro y en un proyecto que ella tiene con niños abandonados, personas mayores, mujeres jóvenes y raperos, están relacionadas con ‘trabajo de masa’ para el PC3. Según se informe, Ariza también ha recibido cartas con amenazas.
Ariza reconoce sus afiliaciones pasadas, pero ha descartado las alegaciones de su colaboración con grupos guerrilleros. Ella sospecha que su trabajo por los derechos humanos y sus opiniones de izquierda, incluyendo su activismo a favor del partido político de oposición Polo Democrático, están detrás de los cargos, y ella ha declarado: «No me van a quitar mi derecho a opinar y crear».
Se ha reportado que al abogado de Ariza no le ha sido permitido tener acceso completo a su archivo. Después de varias protestas públicas, en enero 2009 la Fiscalía General supuestamente negó que hubiera alguna investigación de Ariza.
Melissa Patiño, una poetisa peruana de 21 años y estudiante universitaria, está en juicio por terrorismo por su supuesta implicación con una organización política de izquierda.
Patiño, quien es miembro del grupo de poesía ‘Círculo del sur’ y que además dirige un programa de poesía en la radio así como actividades culturales para jóvenes, fue arrestada junto con otros seis individuos el 29 de febrero del 2008 cuando regresaban de Quito, donde habían asistido al Segundo congreso de la Coordinadora Continental Boliviariana (CCB).
Los siete fueron acusados de afiliación y colaboración con el terrorismo, aparentemente en base a su asistencia al congreso de CCB, el cual es ligado por las autoridades con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en Perú y con el grupo de guerrilla FARC en Colombia. Los siete fueron encarcelados.
Se dice que dos de los detenidos son ex miembros de la MRTA, sin embargo, la presencia de Patiño en el autobús parece haber sido circunstancial. Ella niega cualquier conexión con grupos políticos y dice que su mayor motivación para asistir al congreso era la oportunidad de viajar a Ecuador.
El 8 de mayo 2008, después de casi dos meses y medio de encarcelamiento, Patiño fue liberada bajo fianza y se le permitió regresar a su casa con promesa de regresar a juicio.
El fiscal antiterrorista peruano apeló la decisión de liberarla pero esto fue rechazado a principios de octubre 2008, lo cual significa que Patiño podrá permanecer libre bajo fianza durante su juicio. Patiño podría enfrentarse hasta 20 años de prisión si es hallada culpable. A la fecha no hay evidencia concreta que apoye los cargos, concluye el texto del portal www.p-es.org.
09/GG
