Tras la develación ayer de que autoridades de diferente nivel habrían participado en obstrucción de la justicia, tortura y omisión de diligencias periciales en el caso Ayotzinapa, las madres y padres de los normalistas desaparecidos forzadamente exigieron que se cumplan las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en su informe final.
Las familias se pronunciaron hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta ciudad, respecto a las conclusiones del segundo informe que presentó ayer el GIEI, y exigieron que el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, sea separado del cargo e investigado por haber llevado a cabo diligencias periciales que no incluyó en las averiguaciones previas del caso, según se constató en un video mostrado por las y los expertos.
También pidieron que sea Enrique Peña Nieto y no la PGR ni la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien responda a las recomendaciones y lo contenido en el informe del GIEI.
Las mamás y los papás de los estudiantes demandaron que en adelante se sigan las líneas de investigación que propuso el GIEI –diferentes a la de la incineración en el basurero de Cocula, Guerrero–; que prevalezca la búsqueda de los estudiantes, y que se permita la creación de un mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezado por el comisionado James L. Cavallaro e integrado por un especialista del GIEI.
“TEMOR DEL ESTADO”
[[nid:72434]]
Carmen Mendoza, madre del desaparecido Jorge Aníbal Cruz Mendoza, aseguró que están agradecidas con el GIEI porque descubrieron información de relevancia para ellas, pero el gobierno mexicano –cuyos representantes no acudieron a recibir el segundo informe– “tenía prisa de que se fueran, porque tiene miedo de que le descubra más basura que tiene adentro”.
Y es que por decisión del Estado mexicano, ayer concluyó la asistencia técnica que prestó la CIDH a México a través del GIEI para el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El GIEI –integrado por personas con amplias trayectorias en Derechos Humanos (DH)– no logró concluir sus indagatorias para determinar el paradero de los jóvenes desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual constituía uno de los objetivos de la asistencia técnica acordada entre el Estado y las familias.
No obstante, el trabajo de las y los expertos independientes permitió conocer desde el primer informe presentado el 6 de septiembre de 2015, que la investigación de la PGR está plagada de irregularidades e inconsistencias.
Entre las más notables está que las pruebas periciales de la PGR en las que basa que los estudiantes habrían sido quemados en el basurero de Cocula –la llamada “verdad histórica” presentada por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam–, no están sustentadas en argumentos científicos, y que incluso los resultados del peritaje más reciente consta de tan sólo tres hojas que “no alcanza los estándares mínimos”.
HUBO TORTURA
En este segundo informe se evidenció que las 17 personas que dieron los testimonios en los que se basa la “verdad histórica” fueron torturados; y Zerón de Lucio y su equipo habían estado presentes en el río San Juan un día antes de que supuestamente se encontrara la bolsa que contenía los restos de Alexander Mora Venancio, único normalista identificado plenamente hasta ahora.
Se suma la lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de pruebas y las respuestas formales que no resultaron sustanciales. Incluso, una gran parte de las diligencias que solicitó el Grupo casi desde su llegada a México se respondieron una semana antes de que se presentara el segundo informe.
El GIEI, al igual que las familias, no sólo denunció sin resultados la obstrucción de información por la que atravesaba, sino que desde enero pasado aseguró que la lentitud y los obstáculos gubernamentales crecieron.
[[nid:72470]]
Por todo esto, el GIEI hizo 22 recomendaciones. Entre ellas, disminuir la formalidad y burocracia; limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones; mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones; aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva; y hacer un rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR.
También planteó potenciar la capacidad analítica de las pruebas; realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades; incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones a DH, y evitar que éstas se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada
Además, valorar la calidad de la investigación sobre el número de inculpados; integrar las averiguaciones; promover un sistema de información periódica para las víctimas; evitar filtración de las investigaciones por parte de la PGR; y garantizar el acceso a todas las fuentes de información, y potenciar las líneas de investigación.
Así como investigar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales; usar medios tecnológicos en la búsqueda de los desaparecidos, exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos; dar atención adecuada a las víctimas; evitar la revictimización y criminalización; y garantizar una actitud cooperativa frente a la asistencia internacional.
Las madres de los estudiantes hicieron un llamado para que este martes, que se cumple un año y siete meses desde la desaparición de los normalistas, la sociedad marche junto a ellas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México.
16/AJSE/RMB
