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Penalizar el aborto en Colima es violencia institucional

Colima forma parte de los nueve estados del país donde el lunes 31 de mayo se puso en marcha la campaña “Otra mirada católica del aborto”, que impulsa la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en coordinación con el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, y Espacio Feminista.

La campaña consistirá en la colocación de ocho espectaculares en diferentes avenidas y espacios visibles en carreteras que comunican al estado; igualmente se transmitirán spots de radio y se repartirán folletos y trípticos que contienen información sobre las excluyentes del Código de Derecho Canónico (de la Iglesia Católica) para las mujeres que por alguna razón, han optado por interrumpir un embarazo.

En conferencia de prensa, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, Yuriria Rodríguez, informó que Colima está incluido en esta campaña por ser uno de los estados donde el Congreso local reformó el artículo primero de la Constitución a efecto de garantizar la vida desde la concepción, lo cual, dijo, criminaliza a las mujeres, violenta sus derechos, y pasa por alto las causales establecidas en el Código Penal que permiten el aborto.

Colima fue uno de los primeros estados en reformar-en marzo de 2009- el artículo primero de la Constitución para proteger la vida desde la concepción, y con ello dejar sin efecto legal las causales que en el Código Penal permiten la interrupción del embarazo.

Reformas, que vale la pena recordar, se hicieron impulsadas por la fracción del PAN en la legislatura anterior, y la entonces diputada Yadira Lara. Esto ocurrió poco después de que el perredista Adolfo Núñez, en ese momento diputado, presentara una iniciativa para despenalizar el aborto en Colima.

Como respuesta, 67 mujeres colimenses fueron las primeras en el país, en presentar demandas de amparo en contra de esa reforma constitucional, de las cuales, algunas han sido resueltas como improcedentes, debido, entre otras cosas, a que las quejosas “no demostraron estar embarazadas al momento de la interponer el recurso”.

La representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en Colima, Adriana Ruiz Visfocri, abogada que lleva los casos de amparo en la entidad, declaró que aún no se han analizado y resuelto algunas de estas denuncias, pero preparan ya los recursos legales para apelar a otras instancias federales.

El presidente del Comité de Derechos Humanos No Gubernamental en Colima, Efraín Naranjo Cortés, determinó que la reforma constitucional en la entidad es una forma de violencia institucional contra las mujeres porque las criminaliza y las expone a ser encarceladas, si por alguna circunstancia deciden interrumpir su embarazo.

En tanto, la representante de la organización “Espacio Feminista”, Guadalupe Quijano García, indicó que de acuerdo a cifras del INEGI y de la Secretaría de Salud, entre el 2000 y 2005 en el estado, 8 de cada mil mujeres de entre 15 a 44 años, se hospitalizaron por razones de aborto, cuando el promedio nacional es de 6.69, mientras que en el periodo de 1990 a 2006, ocurrieron 22 mil 800 defunciones por causas maternas, de las cuales mil 631 fueron ocasionadas por aborto y sus complicaciones.

Como reacción a la puesta en marcha de la campaña “Otra mirada católica del aborto”, el rector de la Catedral, Jesús Mendoza Preciado, cuestionó que la organización Católicas por el Derecho a Decidir sea un grupo católico, y al mismo tiempo se defendió argumentando que la Iglesia Católica sí permite el aborto si se comprueba que fue violación, siempre y cuando éste se realice en los primeros días, antes de que el producto se desarrolle.

No obstante, dijo, si existe un caso de violación en una menor de 16 años, “la moral de la Iglesia” tiene prescrito que si fue y se demuestra que hubo abuso, “hay los medios para rescatar a la jovencita a través del lavado, el cual consiste en lavar su vagina para evitar que el óvulo sea fecundado”.

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