En febrero próximo, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, a la que pertenecen las ex legisladoras y feministas Marcela Lagarde y Angélica de la Peña, presentarán los lineamientos para la creación del Diagnóstico Nacional y el Banco de Datos que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 44 y 45, respectivamente.
En entrevista, Angélica de la Peña, consultora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indicó que de acuerdo a la Ley –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007– el Diagnóstico Nacional y el Banco de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres deberán realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El Sistema Nacional estará encabezado por la Secretaría de Gobernación e integrado por las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, según refiere la Ley en su Artículo 35.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) funge como Secretaría Ejecutiva de este Sistema, mientras que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), también formarán parte de éste.
Sin embargo, el plazo para la publicación del Reglamento para operar la Ley General venció en mayo del 2007. Y una vez que el Sistema Nacional cumpla un año de creado (en mayo próximo), deberá iniciar la elaboración tanto del Diagnóstico como del Banco de Datos.
El retraso en la publicación del Reglamento, indica Angélica de la Peña, es un total «menosprecio a la Ley por tratarse de temas de mujeres que no es más que una consecuencia casi normal de un gobierno al que no le interesan los derechos humanos de las mujeres».
EL INMUJERES, MUDO
El Reglamento para empezar a operar la Ley General fue entregado desde noviembre pasado al Inmujeres por parte de las integrantes de la Red de Investigadoras en un acto formal en la UNAM, donde Inmujeres se comprometió a tenerlo listo «a la brevedad», pero hasta hoy, dice Angélica de la Peña, no han tenido ninguna respuesta de esta instancia.
No obstante, precisó que la Red continúa trabajando en la elaboración de los otros reglamentos para el Diagnóstico Nacional y el Banco de Datos, mismos que serán entregados de nueva cuenta al Inmujeres y a la Segob.
PRESUPUESTO
En el Presupuesto de Egresos de 2008, presentado por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se asignó una partida para la creación del Fondo Nacional para la alerta de violencia de género (Sinavim), asignado al Ramo 4 de la Segob por 375 millones de pesos (mdp).
Mientras que para el Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios (Banco de Datos) recibió 50 mdp. Y al Inmujeres se le asignaron 100 mdp para «el Programa de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en las entidades federativas y el DF a través de órganos interdisciplinarios encargados de brindar atención integral a las víctimas de violencia de género».
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La ex legisladora del Sol Azteca explicó que quienes forman parte del Sistema Nacional deberán ser convocados para discutir cómo y dónde implementarán la Alerta de Violencia de Género que establece la Ley General en los artículos 22, 23, 24 y 25.
Lo anterior frente a la constante de violación de derechos humanos de las mujeres en el país, que deriva, sostuvo De la Peña, en alguna modalidad de violencia que establece la Ley General.
Por ello señaló la conveniencia de que las organizaciones que trabajan el tema y defienden los derechos humanos exijan que el Sistema Nacional empiece a trabajar, defina y decrete la alerta de violencia de género donde hay presencia de militares.
07/LGL/GG
