En 20 años, los esfuerzos de los Estados latinoamericanos para erradicar la violencia de género sólo se centraron en la creación de leyes o centros de atención a víctimas, y olvidaron las acciones para prevenir y reparar estas agresiones, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (dependiente de la Cepal) –durante el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, llevado a cabo esta semana en Aguascalientes– presentó su informe anual “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, que alerta sobre la ausencia y dispersión de las estadísticas sobre violencia de género en la región.
En el reporte se enfatiza que si bien la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres involucra la prevención, atención, sanción y reparación, “no todos estos componentes tienen el mismo peso en las acciones y estrategias de los países”.
Ello porque mientras se constatan avances en la atención, por ejemplo con una creciente disponibilidad de centros especializados, refugios y líneas de denuncia, “los esfuerzos desplegados en torno a la prevención y la reparación aún resultan insuficientes”.
El Observatorio recordó que la erradicación de la violencia de género en la región es un compromiso de las naciones desde hace 20 años –cuando signaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)–, pero “la evidencia reunida y las opiniones expertas” señalan los retos aún vigentes en la coordinación interinstitucional, el alcance de las políticas a nivel nacional, y en revisar el “papel reproductor” de los medios de comunicación.
La Cepal advirtió que los avances en el ámbito del reconocimiento de derechos, las reformas legales y la implementación de políticas públicas, si bien han identificado muchas formas de violencia contra las mujeres que antes eran consideradas del ámbito privado, no es posible medir y evaluar su cumplimiento o impacto en la vida de las mujeres.
A esto se suma, según el informe, que “las normas se concentran en el castigo de los agresores, sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado”.
En el documento se alerta también sobre la “ausencia, heterogeneidad y dispersión” de las estadísticas sobre violencia en la región, lo que impide conocer el panorama real de este flagelo, además de que las dificultades para obtener información confiable y oportuna “se agudizan cuando se trata de mujeres indígenas y afrodescendientes”.
No obstante, algunas cifras registradas por las naciones, contenidas en el informe, “dan cuenta de la magnitud del problema”. Por ejemplo en 2013, 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas en Colombia; 83 en Perú; 71 en República Dominicana; 46 en El Salvador; 40 en Chile; 25 en Uruguay; 20 en Paraguay, y 17 en Guatemala.
En México, según encuestas oficiales, 63 de cada 100 mujeres han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en el prólogo de la publicación advierte que “la violencia contra las mujeres afecta a la sociedad en su conjunto e impide que hombres y mujeres tengan la posibilidad de vivir en una sociedad plenamente democrática, que avance hacia el desarrollo con el aporte de todos sus miembros”.
La Cepal recomendó mejorar la producción de información sobre la violencia de género; llevar a cabo reformas legales con debates participativos; lograr una coordinación institucional “fuerte, de alta jerarquía y gran capacidad técnica”, e instaurar un sistema integral de atención, capaz de articular las políticas sociales con las respuestas judiciales.
También propuso fortalecer los mecanismos de atención en salud; asegurar el financiamiento adecuado de las políticas públicas, las instituciones y los sectores involucrados en las iniciativas para la erradicación de la violencia de género; generar mecanismos transparentes, periódicos y profesionales de evaluación, y establecer espacios para la participación ciudadana.
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