Periodistas y dirigentes de Sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la información y la Relatora para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se manifestaron ayer en el monumento a Francisco Zarco por el respeto a la libertad de expresión en México y por la federalización de los crímenes en contra de periodistas, cuya discusión fue pospuesta en la Cámara de Diputados hasta el próximo año.
En el país, dijeron las y los manifestantes, la impunidad en los crímenes y atentados en contra de este gremio va en aumento: tan sólo en ocho años se han registrado 48 asesinatos e incontables agresiones, amenazas y allanamientos.
En el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las y los participantes, de organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Artículo 19, Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), Fundación Manuel Buendía y Reporteros Sin Fronteras, entre otras, manifestaron que en relación al respeto de los derechos humanos de periodistas no hay nada que celebrar.
Y no lo hay porque, por ejemplo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Orellana Wiarco, anunció que los crímenes registrados contra los periodistas no fueron, en la mayoría de los casos, por consecuencia del ejercicio periodístico, aunque no dio datos concretos sobre esta afirmación.
Lucía Lagunes, secretaria ejecutiva de CIMAC, dijo que este evento ya no sólo debe servir para exigir libertad de expresión, sino para que el gremio y la sociedad se convenzan de que ésta es necesaria para defender sus derechos e igualmente indispensable es la unión de las y los periodistas.
Amalia Rivera, del Sitrajor, habló de las condiciones laborales a las que se enfrentan las y los periodistas, como bajos salarios, sin contratos, ni prestaciones, así como sindicatos blancos para evitar que exijan sus derechos. «No se puede hablar de libertad de expresión si se trabaja en un entornos de pobreza», afirmo la periodista.
Por su parte, Arturo Manzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de El Sol de Puebla, denunció los cacicazgos de los que son objeto los periodistas en los estados de la República, «deben sortear la instabilidad laboral, el control oficial de los medios, la autocensura».
En Puebla, explicó, la oficina de Comunicación Social define si la información es publicable o se presiona para que el informador desista en su publicación, así llamó a la unión y creación de redes para defender el ejercicio de esta profesión en cualquier parte de la República mexicana.
PERIODISTAS, SUJETOS DE INTERÉS PÚBLICO
Por su parte, Eréndira Cruz Villegas, relatora para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), lamentó que los crímenes en contra de las y los periodistas tengan más repercusión en las autoridades internacionales que en México.
Estos delitos, continuó, afectan a la sociedad, «si los callan a ellos nos callan a nosotros, hay que entender que las y los periodistas son sujetos de interés público». Exhortó a las autoridades para que sean coadyuvantes para el pleno derecho de la libertad de expresión.
Minutos después, la funcionaria declaró a Cimacnoticias que a pesar del clima adverso a los derechos humanos, existen personas invisibles que luchan porque se respeten y se ejerzan, a ellos, dijo, se les debe reconocer a 60 años de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, aunque no deberían de existir porque es el Estado quien debe garantizar esos derechos.
FEDERALIZACIÓN DE CRÍMENES
La federalización de los crímenes contra periodistas, tema pospuesto en la Cámara de Diputados para ser tratado hasta el próximo año, a pesar de que había ya acuerdo de los partidos para su discusión en este año, fue una exigencia manifiesta en el mitin para que las y los periodistas puedan ejercer sin presiones de ninguna índole su oficio.
Se acordó también formar un frente común en contra de los crímenes, amenazas y atentados en contra de la libertad de expresión.
En entrevista con Cimacnoticias, Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras, afirmó que como consecuencia de estos ataques las y los periodistas están optando por la autocensura de la información que poseen, «se están preguntando qué publicar».
Agregó que con ello se afecta directamente a la sociedad, pues se le niega el derecho a saber qué sucede en el país y por desgracia se está convirtiendo en un patrón generalizado. Para cambiar este panorama, dijo, las y los trabajadores de la información se tienen que manifestar, hablar, denunciar porque para las autoridades sin denuncias, no existen las agresiones hacia nosotros.
Balbina Flores leyó el testimonio de la esposa de José Armando Rodríguez, reportero asesinado afuera de su casa y quien cubría la fuente policíaca en el periódico El Diario de Ciudad Juárez.
«Tres fueron los disparos que escuchó el 13 de noviembre por la mañana… al salir a ver qué había pasado él estaba recargado en el volante del automóvil… así afirmó que esta es la voz de todas aquellas mujeres que han vivido este tipo de acontecimientos».
AÑO DIFÍCIL
En un recuento de lo que va del año, el presidente de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez, destacó el aumento de los casos de periodistas asesinados: mientras que de 2001 a 2003 se contabilizaron siete periodistas asesinados, de 2006 a 2008 la cifra se elevó a 25.
De todos los casos registrados destacó que el 55 por ciento de ellos se registran hacia los trabajadores de medios impresos. Además señaló que estos ataques provienen en su mayoría del poder público con una incidencia del 50 por ciento, mientras que del narcotráfico, a pesar de tener una mayor presencia en la vida del país, es del nueve al 10 por ciento.
Pero más allá de las cifras, recordó también los casos que en este 2008 han atentado contra la libertad de expresión de las y los periodistas, como el boicot publicitario por parte del gobierno en contra del semanario Proceso y el silenciamiento a Carmen Aristegui por parte de Televisa radio a principios de año.
Señaló también las amenazas de muerte y los procesos judiciales en contra de la reportera Ana Lilia Pérez y contra el director de la Revista Contralínea, donde ella trabaja, por parte de Naviera Oceanografía y Grupo Z, por revelar el tráfico de influencias a favor de una serie de contratos y que se relacionan con funcionarios como el ex secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño.
Se recordó también que el 27 de junio pasado, fueron allanadaslas instalaciones de CIMAC y robado su equipo de cómputo.
El recuento presentado por Omar Raúl Martínez finalizó con el asesinato de José Armando Rodríguez, ocurrido el pasado 13 de noviembre y con la denuncia de ataques y hostigamientos a otros periodistas en días recientes.
08/STJ/GG
