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Persecución de activistas por proteger sus comunidades: ONU

Por la Redacción

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, denunció la persecución que sufren activistas que apoyan a las comunidades afectadas por megaproyectos como hidroeléctricas, minas y otros impulsados por la industria de extracción.
 
En su informe anual, presentado este martes ante la Asamblea General de la ONU, la relatora especial indicó que a menudo las y los defensores de las garantías fundamentales son vistos como personas que están en contra del gobierno o del desarrollo, e incluso como enemigos del Estado.
 
Sekaggya destacó que las y los activistas que muestran sus reservas respecto a la construcción de grandes hidroeléctricas, presas, carreteras o proyectos de minería, reciben amenazas de muerte y son perseguidos cuando hacen su trabajo.
 
La relatora puntualizó que las y los defensores de los territorios y de los Derechos Humanos (DH) no están en contra del desarrollo de los países, sino que desempeñan un papel muy importante en su promoción, pues vigilan que se cumpla según el marco legislativo local e internacional.
 
El informe recopila algunos casos de activistas que intentaron entrar en contacto con mecanismos de DH u organismos internacionales, para informar sobre cuestiones que afectan a las garantías fundamentales y que sufrieron amenazas y represalias.
 
La representante de la ONU recordó que esos proyectos a gran escala deben respetar los principios de igualdad y de no discriminación, así como la participación, la transparencia y la responsabilidad.
 
La experta dijo que es esencial para las comunidades afectadas por esos megaproyectos, participar en la toma de decisiones y emitir su opinión sobre el diseño de la obra y su ejecución.
 
Según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Guatemala es el país de la región que reporta el mayor índice de agresiones y amenazas contra defensoras de DH, al concentrar el 30 por ciento de los casos.
 
Según IM-Defensoras, 38 mujeres que defendían la vigencia de las garantías fundamentales fueron asesinadas entre 2010 y 2012 en Mesoamérica; el 38 por ciento de las víctimas defendían la tierra, el territorio y los recursos naturales.
 
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