A pesar de que hace dos años se creó en Honduras la Unidad Especial para la Investigación de Muertes Violentas de Niños, los asesinos de menores siguen sin castigo, informó Amnistía Internacional (AI).
Al reanudar una campaña mundial para pedir que el gobierno hondureño ponga fin a la impunidad se informó que desde febrero de 2003, casi 700 niños y jóvenes más han sido asesinados o ejecutados extrajudicialmente en el país.
Aunque la Unidad Especial ha registrado algunos avances en la investigación de un reducido número de casos, los resultados obtenidos siguen distando mucho de alcanzar los objetivos que se ha fijado.
Desde su creación, la Unidad Especial sólo se ha ocupado de 400 de los más de dos mil 300 casos de asesinatos de niños y jóvenes ocurridos desde enero de 1998.
Únicamente 88 casos han sido remitidos a la Fiscalía General de la República y apenas tres han culminado en la condena de los autores.
Hasta la fecha, y a pesar de que el gobierno ha reconocido que en muchos de esos asesinatos han participado agentes de la policía, sólo dos policías han sido declarados culpables.
Las promesas del gobierno tampoco se han hecho realidad pese al anuncio el año pasado de que se iba a establecer un programa nacional para la protección de los individuos que prestaran declaración como testigos en actuaciones judiciales, hasta hoy no se ha creado ningún mecanismo adecuado para ese fin.
La protección de los testigos es de importancia primordial, ya que pueden ser intimidados para impedir que presten declaración contra los asesinos.
En febrero de 2002, el hijo de Sara Sauceda Flores, Darwin, de 16 años, fue detenido y golpeado por un agente de policía, y lo mantuvieron recluido durante dos días.
Un día después de quedar Darwin en libertad se encontró su cadáver, que presentaba señales de haber sido víctima de una ejecución sumaria. Sara Sauceda Flores ha sido intimidada y amenazada tras presentar denuncia contra los dos agentes que, según cree, asesinaron a su hijo y nadie ha sido llevado ante los tribunales por este asesinato.
«Millares de niños hondureños se enfrentan a una suerte como la que sufrió Darwin» y las autoridades deben cumplir con su obligación de impedir los asesinatos de niños y jóvenes, castigar a sus autores y proteger a los testigos de los hechos.
Es esencial que tanto la Unidad Especial como la Fiscalía General cuenten con suficientes recursos e independencia para realizar esta tarea y que el gobierno nombre jueces especiales encargados específicamente de ver este tipo de causas, dice AI.
2004/LR/SM
