Aún con las modificaciones al artículo 156 del Código Penal de Guanajuato para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco de seis mujeres presas por sufrir un aborto espontáneo, «el problema de fondo no se resuelve», porque otras mujeres, seguirán siendo perseguidas y encarceladas por el mismo delito, consideró Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la organización Las Libres
En entrevista con Cimacnoticias, Verónica Cruz Sánchez, quien documentó esto casos; subrayó que la decisión del Ejecutivo local de reducir las penas no resuelve el problema de fondo porque no se declara la inocencia de las mujeres, por el contrario sólo se busca liberarlas. En promedio, las mujeres, que no son culpables, tienen seis años en prisión, con lo que «les quedan a deber, una lleva ocho años en la cárcel».
Recordó que el dictamen propuesto por el Ejecutivo local se planteó después de que se denunciaron los hechos violatorios de los derechos humanos en los casos de las seis mujeres sentenciadas con penas de hasta 35 años de prisión.
El Pleno del Congreso local aprobó ayer modificaciones al artículo 156 del Código Penal para el estado de Guanajuato, con las que se reduce la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco que ahora serán de tres a ocho años; y que antes iban de 25 a 35 años.
En opinión de la activista, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, optó por la proporcionalidad de las penas, es decir reducirlas y seguir afirmando que las acusadas cometieron un delito, cuando no es así.
Esto queda evidenciado en el texto, que precisa que la reforma aplica para «la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas, inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial».
Verónica Cruz informó que se prevé que entre hoy y mañana se publique la reforma, la cual entrará en vigor cuatro días después. Hasta hoy, el Diario Oficial del gobierno del Estado no ha publicado nada respecto al tema.
Es así que las seis mujeres presas y acusadas de este delito, cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, podrían recuperar su libertad la próxima semana aunque saldrán siendo culpables, pues habrán pagado sus sentencias debido a la «retroactividad de la ley».
En su opinión, la propuesta fue una «reforma a modo» porque se hizo expresamente para liberar a las mujeres presas y así acabar con la presión mediática y social.
Explicó que es necesario que se reconozca la inocencia de las mujeres para que puedan reconstruir su vida, por ahora las y los legisladores mostraron que tienen la capacidad de consensuar reformas, así que deberían de aprobar una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no hay en la entidad, concluyó.
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