Las mujeres, pese a su creciente participación en el mercado laboral y niveles educativos superiores a los masculinos, continúan devengando salarios menores que los que perciben los hombres y asumen la mayor parte de la carga del trabajo doméstico no remunerado, reveló un diagnóstico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El estudio Desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres en América Latina 2004, elaborado por la Unidad de Género y Salud de esa organización, pone de manifiesto que el optimismo que inspiran los promedios nacionales –de 17 países- debe ser atemperado por la realidad de rezago y de exclusión, que particularmente las mujeres viven.
El contenido estudio, pone de manifiesto que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha aumentado sostenidamente, propiciando su mayor autonomía para la toma de decisiones en la esfera privada.
Sin embargo, esta mayor participación laboral no ha ido de la mano con mejores oportunidades para acceder en igualdad de condiciones a todos los empleos y, en particular, a puestos directivos y a ocupaciones de mayor productividad e ingresos.
Así, los logros en educación y participación en el trabajo remunerado, no se han visto acompañados por avances similares en la reducción de desigualdades de género ni en la participación del poder económico y político.
La OPS reveló que la población joven fue beneficiada con mayores oportunidades educativas, logró un nivel promedio de instrucción entre ocho y 10 años de estudio, situación que resulto relativamente favorable a las mujeres.
Sin embargo, las y los jóvenes en los estratos pobres no tienen las mismas oportunidades que otros para permanecer estudiando hasta completar niveles acordes con las estrategias impuestas socialmente para optar por un bienestar futuro.
TRABAJANDO
Como resultado de las transformaciones económicas y sociales ocurridas en las últimas décadas, se ha producido una flexibilización de los roles de género que se ha manifestado especialmente en un proceso de incorporación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo, pero sin que ésta haya conllevado una mayor liberación del trabajo doméstico.
Así, la tasa de participación femenina en la actividad económica, calculada como promedio simple de todos los países, subió de 44 por ciento en 1990 a 52 por ciento en 2002. En el caso de México, fue de 33 y 45 por ciento, respectivamente, para esos periodos.
Para la Unidad de Género y Salud de la OPS, el bajo ritmo de crecimiento de empleos en sectores modernos de mayor productividad ha tenido como contrapartida una elevada expansión del sector informa.
De tal forma, ese sector ha concentrado elevadas proporciones de trabajadores, particularmente de mujeres, pues en 1990, para el conjunto de países de América Latina, 49 de cada 100 mujeres y 39 de cada 100 hombres realizaban una actividad económica en sectores de baja productividad.
De acuerdo con el diagnóstico, para el 2002 las tasas de participación en el sector informal habían aumentado para los varones y mantenía su nivel de participación la población femenina de la región.
Por otra parte, el trabajo doméstico asalariado, ocupación predominantemente femenina, caracterizada por la mayor precariedad dentro del sector informal, se mantenía en 2002 como fuente significativa de trabajo para las mujeres urbanas.
PARTICIPACIÓN
De acuerdo con la Unidad de Género y Salud de la OPS, otra manifestación de la desigualdad de género es la escasa participación que tienen las mujeres en la toma de decisiones políticas y, en particular, en el Parlamento.
Dicha participación, sin embargo, ha registrado aumentos importantes en América Latina entre 1990 y 2002. Así, en las cámaras bajas el porcentaje de mujeres pasó de nueve a 15 y en las altas aumentó de cinco a 12.
Los movimientos, concluyó la OPS, de mujeres han influido para que diversos países de la región comenzaran a aplicar Leyes de Cuotas en las postulaciones electorales, como medida afirmativa para ampliar las oportunidades de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género en la representación parlamentaria.
2004/RGLGM
