Sin perspectivas de un desarrollo económico y de progreso social -tan necesario para el país- es el espíritu del documento que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Congreso de la Unión para su discusión y posterior aprobación.
Adicionalmente al Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF), de la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica, incluye un apartado denominado «Perspectivas 2012-2016» en el que se define que los objetivos de la política económica del Gobierno Federal son: finanzas públicas sólidas y un gasto público austero (sic).
Plantea un escenario para los próximos 17 años de disminución de la participación en el PIB de los ingresos petroleros, incremento de los ingresos presupuestarios vía tributación y disminución del gasto programable.
Una inversión impulsada (Sector Público y Privado) con una reducidísima variación de 0.4 puntos porcentuales para todo ese período, según esto pasaría de 4.4 en 2011, a 4.8 para 2016. Algo así como mantener la economía del país en recesión permanente.
El supuesto implícito de estas proyecciones son la continuidad y la inercia de este desastre económico en que han sumergido a la gran mayoría de la población estas políticas ultraconservadoras que no quieren admitir debate o contrapropuesta.
Resulta inverosímil que en las condiciones actuales la política económica del Gobierno Federal no proponga crecimiento, progreso social y plácidamente plantea un Estado sin objetivos, al libre juego de las fuerzas del mercado y de la economía estadounidense, ya que su única finalidad son esas minucias que mencionan como objetivos, su prioridad es el déficit cero y políticas públicas también cero.
En esa misma tónica está el contenido del PPEF, al extremo de que las metas de crecimiento del PIB y de la inversión física para el 2011 son menores a la de este año, al disminuir de 4.5 a 3.8 y en el caso de la inversión ésta se reduce de 4.4 a 4.1, sin inversión difícilmente habrá desarrollo o empleo.
La proyección de inflación es del 3 por ciento (otra vez), la final para este año es del 5 por ciento, otro año con minisalarios.
Seguramente estas cifras no han considerado los aumentos de más de dos dígitos que han tenido los alimentos y el hecho de que al mes de septiembre las gasolinas han registrado nueve incrementos de precio, mismos que se repetirán el año próximo y tendrán que enfrentarse con un amplio desgaste acumulado del salario, evidentemente se reflejarán en mayor pobreza y menor demanda interna.
La propuesta de generar 600 mil empleos (de nuevo) es a todas luces insuficiente, porque la demanda crece anualmente en aproximadamente 1.4 millones de nuevos empleos. ¿Más mujeres jóvenes dedicadas a las labores domésticas por falta de empleo y sin acceso a la educación?
Al respecto, es muy preocupante que el financiamiento para las Pymes que otorga la Secretaría de Economía se redujo 35 por ciento (enero-julio 2010), tampoco hay alguna proposición para estímulos fiscales, ligados a la generación de empleos que hace la micro, pequeña y mediana empresa.
El Gasto Programable previsto es del orden de 2 551.3 miles de millones de pesos, significando un crecimiento del 1.1 por ciento respecto a este año y comprende reducciones en 12 dependencias del Sector Público, básicamente: Sagarpa (agricultura), Inegi (Información), así como en materia de infraestructura para Comunicaciones y Transportes.
Habría que destacar que los aumentos de los presupuestos previstos para Salud (IMSS e ISSSTE) son muy bajos, 1.5 y 2.9 por ciento, respectivamente.
Los recursos destinados a inversión también son muy reducidos, ascienden a 593 303.8 millones de pesos y representan menos del 24 por ciento del gasto total; en contraste significan una diferencia de 1 297 983.8 millones de pesos respecto al monto estimado para el gasto corriente que sigue siendo muy alto, por los servicios personales y el alto gasto de operación, en síntesis un gasto público mal orientado y con subejercicios.
No es casual que el índice de la formación bruta de capital fijo muestre un retroceso respecto al registrado en 2008, 145.7 y actualmente 130.6 (mayo, cifras de Inegi), este indicador comprende los avances en materia de maquinaria, equipo y construcción.
Una propuesta de estas características requiere necesariamente que el Congreso de la Unión asuma una actitud comprometida y responsable con la sociedad y nuevamente insistir en la prioridad que reviste la situación de discriminación, violencia y pobreza en que encuentran las mujeres.
En principio, se ha mencionado que en el Congreso se propondrá una reducción del IVA del 16 al 15 por ciento, lo que implicaría una disminución de los ingresos públicos de aproximadamente 40 mil millones de pesos y la posibilidad de una expansión de la demanda interna, así como de una ligera recuperación del salario real.
Desde luego que con esto también se puede avizorar el amplio debate y cabildeo que generaría una reducción de los ingresos y dónde se aplicaría vía gastos, si no se compensa ese ajuste.
Lo otro es generalizar este gravamen para alimentos y medicinas que implica el 1 por ciento del PIB, no resuelve el problema de ingresos pero si agudiza la pobreza.
Esto no significa que la discusión sobre la política de ingresos se reduzca a esta posibilidad, por el contrario se requiere una propuesta más amplia, con un Impuesto sobre la Renta progresivo, eliminando sus exenciones, ampliar la base fiscal e insistir en la opción de estímulos para la generación de nuevos empleos, claro empleos dignos.
Renunciar a la legítima aspiración de un país mejor, con desarrollo económico y progreso social es lo único que no está permitido y justamente esa es la negación de este Paquete Económico 2011 y sus perspectivas de inercia para los próximos 17 años, independientemente de la alternancia política, ante esto es indispensable una conciencia de búsqueda y asombro. ¡Viva México!
* Economista Especialista en género
10/CP/LR/LGL
