Una valiosa iniciativa para acabar con la impunidad de muchos progenitores, que se valen de subterfugios para no pagar pensión alimenticia a sus hijas e hijos, acaba de ser aprobada por el pleno del Congreso peruano.
Se trata de la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Para su aprobación, fue necesario un intenso cabildeo y negociaciones de alto nivel, reconoció su autora, la abogada Rosario Sasieta.
Como resultado de ello, el proyecto original sufrió algunas modificaciones y se eliminaron varios artículos. «Nada de fondo, es que hubo reticencias entre muchos congresistas, varones especialmente, pero lo importante para nosotros era contar con un instrumento legal que pusiera un alto a los abusos de quienes se niegan a mantener a sus hijas e hijos menores de edad», aclaró.
Para poder ser remitida al Ejecutivo, con vista a su promulgación, se requerirá de otra votación en el Congreso, pues se trata de una ley que modifica el código procesal civil, lo cual augura un nuevo período de negociaciones, en opinión de especialistas. Sin embargo, no podrá ser modificada en su esencia, sólo rechazada.
En el Registro aparecerán los nombres de hombres y mujeres con sentencia judicial para pagar manutención a sus hijas e hijos, pero que se resisten a hacerlo. De acuerdo con estimados de la Comisión de Justicia, entre 2004 y 2006 se registraron en el poder judicial más de 100 mil procesos legales de alimentos.
Según Sasieta, esos juicios representaron para el Estado peruano un costo de 30 millones de dólares en asistencia, trámites y otras gestiones. Sin embargo, no hay un estimado de cuántos de esos sentenciados han eludido el mandato judicial, aduciendo que no cuentan con ingresos, que quedaron desempleados, o porque no tienen domicilio fijo donde ubicarlos, entre un sinnúmero de argucias.
Mediante el Registro, se podrá conocer públicamente a los deudores alimentarios morosos, pero no sólo eso: el poder judicial proporcionará mensualmente a la Superintendencia Tributaria los nombres de los nuevos sentenciados para que esta entidad, a su vez, los comunique a la Superintendencia de Banca y Seguros, a las centrales de riesgo financiero y a los Registros Públicos.
Quienes estén en esa lista serán considerados sujetos no dignos de créditos o préstamos bancarios. Tampoco podrán formar parte de ninguna selección deportiva o científica.
Paralelamente, habrá un cruce de información entre todas estas entidades, que en este país son como «la casa del jabonero», es decir, que por una u otra razón, siempre los ciudadanos tienen que hacer algún trámite ante ellas.
«De esta manera, los jueces van a disponer de información actualizada y puntual sobre los movimientos, adquisiciones e ingresos de los progenitores evasores», recalcó Sasieta.
SASIETA Y LOS EVASORES
Sasieta, una abogada de reconocida trayectoria en defensa de las mujeres y los derechos humanos, llegó al Congreso con una alianza independiente de centro. Según reconoció ante periodistas, fue muy criticada por sus colegas parlamentarios debido a esta iniciativa y hasta se le acusó de pretender invadir la privacidad de las personas.
Con el tono apasionado con que suele defender las causas en las que se compromete, Sasieta salió al frente de sus detractores al señalar la necesidad de terminar con la impunidad de mucha gente, principalmente hombres, que «piden el respaldo de la ciudadanía para obtener un voto, pero son incapaces de pasarle una pensión a sus hijas e hijos».
No es una invasión a la privacidad, es hacer frente a una pandemia nacional, acotó.
Aun cuando su proyecto todavía tendrá que librar una nueva batalla en el Congreso antes de ser aprobado, ella está programando ya el siguiente paso: pedir prisión efectiva para los progenitores evasores, equivalente al período de meses que adeude la pensión.
«En este país, si el litigante no recibe coacción sobre su libertad, no paga. Van a ver cómo decretando prisión efectiva contra los morosos, la evasión en las pensiones de alimentos va a disminuir dramáticamente», advirtió.
Aunque por el momento las organizaciones feministas aún no se han pronunciado, a la espera quizá de que el proyecto se convierta efectivamente en ley, en las calles muchas mujeres que viven un verdadero vía crucis para cobrar las pensiones de alimentos, se mostraron muy satisfechas.
Gladys Flores, de 36 años y madre de un hijo adolescente, dijo a CIMAC/SEMlac que, de hacerse realidad el Registro, «se hará justicia al sacrificio de muchas mujeres que tienen que arañar la tierra para alimentar a sus hijas e hijos ante la negativa de la pareja de darle una pensión».
Ella sabe de lo que habla: su ex esposo jamás le pasó un centavo para la manutención del hijo que ambos tuvieron, fruto de un matrimonio que terminó pronto. «Le inicié juicio, pero me tomó dos años ubicarlo y, cuando lo hice, renunció al trabajo y se fue al interior del país, me fue imposible ubicarlo durante otros cinco años más, ¿te imaginas?», relata con la ira pintada en el rostro.
Ahora ya lo ubicó, pero él aduce «inopia» (pobreza, indigencia) y se niega a desembolsar una pensión. «Y no tengo forma de probar sus ingresos, a pesar de que está trabajando en una compañía importante», agrega.
Tal vez cuando el registro se apruebe, Gladys y muchas mujeres y -¿por qué no?- también hombres, puedan ¡por fin! conseguir una pensión para el mantenimiento de sus hijas e hijos.
07/ZP/GG/CV
