Las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas por diversas mujeres y organizaciones de Perú cobra especial significado en los esfuerzos de un grupo de 12 valientes campesinas quechua, hablantes de Anta, frente a la violación de derechos de la que fueron víctimas, no sólo ellas, sino miles de peruanas pobres, indígenas y campesinas.
El hecho destaca ante la cercanía del ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, debido a que este año en una decisión indignante, una subcomisión especial del Congreso de la República desestimó la acusación constitucional por genocidio contra el ex presidente Alberto Fujimori y dos de sus ex ministros de Salud.
La decisión del legislativo sólo deja la acusación penal contra otros implicados que eran funcionarios de la dictadura, pero los «peces gordos», Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y entidades financieras que apoyaron al régimen de Alberto Fujimori, estarían celebrando la impunidad.
Este crimen de lesa humanidad y las investigaciones referentes, se dan en un clima turbio debido a que los conservadores que controlan el Ministerio de Salud, intentan eliminar los derechos sexuales y reproductivos de las personas usando el delito de «esterilizaciones forzadas» y de otro lado los rezagos del fujimorismo y sus cómplices, hacen lo posible para quedar libres de culpa.
LA HISTORIA
La política de planificación familiar implementada entre 1996-2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de derechos humanos de las mujeres y demostrando el desprecio por la vida de parte de quien dirigió los destinos del país.
El Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados profesionales, entre ellos Hilaria Supa, líder campesina de Anta, Cusco.
Los resultados se dieron en julio del 2002, cuando salieron a la luz 54 evidencias de violaciones de derechos humanos que, en forma de testimonios enfatizaban las irregularidades en el Consentimiento Informado.
El actual gobierno del presidente Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud, Fernando Carbone, pidió disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones forzadas.
Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y declaraciones de ex-autoridades fujimoristas, a lo que se sumaron ambiguedades de parte de varias ONG de mujeres, que si bien denunciaron algunos hechos en 1996-1998 posteriormente se silenciaron.
El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la sub Comisión de Salud, dirigida por el congresista conservador Héctor Chávez Chuchón.
Esta comisión determinó la acusación constitucional sobre genocidio contra Fujimori, -quien huyó del país y se encuentra en Japón bajo el paraguas de su «nacionalidad japonesa»- y otros funcionarios. Chávez Chuchón, recomendó injustamente, eliminar el acceso a las AQV.
ESPERANZAS DE JUSTICIA FRENTE A LA IMPUNIDAD
Las investigaciones están actualmente en la Fiscalía de la República y avanzan lentamente, aducen falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son claras.
Lo más preocupante es que, centrado el debate por un lado en la negación del delito, la ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del Opus Dei, las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de la impunidad.
Se estima que 300 mil mujeres peruanas fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori si su consentimiento. A 16 mil hombres se les practicó la vasectomía.
He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia. Las consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres operadas contra su voluntad es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en Perú.
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita Mestanza.
Esta mujer campesina de Cajamarca falleció en 1998 a consecuencia de complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de Fujimori.
El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, CRLP (con sede Nueva York).
También por las organizaciones Cladem Regional, Demus, Aprodeh y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso se fundamentó en las investigaciones de Giulia Tamayo y su Reporte Nada Personal, sobre las AQV.
Entre las pocas organizaciones peruanas que acompañan a las mujeres de Anta se encuentra el Movimiento Amplio de Mujeres Linea Fundacional (MAM Fundacional), ellas han referido que esta solución amistosa, es una buena noticia para quienes luchan contra la impunidad en torno a esta injusta política de población.
Señalan que continuarán su accionar a favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, exigiendo toda la verdad sobre lo acontecido para lo cual hacen monitoreo a las investigaciones y capacitación en derechos sexuales y reproductivos.
COMPROMISOS PENDIENTES
El Ministerio de Salud debe cumplir los compromisos asumidos por el gobierno peruano, entre ellos pagar una indemnización de 109 mil dólares a la familia de Mamérita y mejorar los Programas de Salud Reproductiva, en especial los relativos a las AQV. Pero recientes evidencias de la Defensoría del Pueblo señalan que esto último no es cumplido.
La solución al caso de Mamérita Mestanza abre las posibilidades a las investigaciones y a la justicia que esperan las mujeres afectadas, en especial a quienes han venido denunciando lo que les pasó pese a las amenazas, burlas, negación y silencios cómplices, tanto de ex funcionarios como de instituciones nacionales y financieras internacionales que se empeñan en negar sus responsabilidades.
Las activistas defensoras de los derechos humanos que desean la verdad y justicia sobre todo lo sucedido, frente al asomo de impunidad y a la lentitud de la justicia peruana, expresan que su lucha se apoya en saber que este crimen de lesa humanidad no caduca.
*María Esther Mogollón. Periodista, feminista. Activista del MAM FUNDACIONAL.
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