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Pese a feminicidio, “no hay condiciones para AVG” en Guerrero

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En el estado de Guerrero no hay condiciones para declarar una Alerta de Violencia de Género (AVG), aseguró el fiscal general de la entidad, Javier Olea Peláez, quien agregó que de manera directa ninguna organización civil de mujeres la ha solicitado.
 
Olea Peláez dijo que el tema ya se ha analizado con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespiere Robles Hurtado, y con varios diputados locales, y “no estamos dentro del esquema que se señala para esos efectos”.
 
Las declaraciones del fiscal general se contraponen a las que han hecho algunas organizaciones de mujeres en medios de comunicación, de quienes –sostuvo– no cuentan con las estadísticas, “y a mí no me han pedido absolutamente nada”.
 
Respecto a las cifras oficiales, el funcionario informó que en 2015 hubo 40 asesinatos de mujeres y que en los primeros cinco meses de 2016 van siete posibles casos de feminicidio.
 
Por ello Javier Olea reiteró que “no alcanzamos a pedir la Alerta (de Violencia) de Género”; en tanto que durante este año, según un seguimiento en medios de comunicación, se han registrado 43 homicidios de mujeres en Guerrero.
 
De acuerdo con el “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2013”, y el reporte preliminar “Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar”, ambos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, encabezan las cifras de asesinatos de mujeres.
 
A nivel nacional, 15 entidades han solicitado desde 2010 que se declare la AVG en sus territorios, pero en sólo tres se ha activado hasta ahora: en 11 municipios del Estado de México; en ocho de Morelos, y en ocho de Jalisco.
 
Concebida desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (promulgada en 2007), la AVG es un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, y se prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.
 
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