Pese a la Iglesia, aborto legal se abre paso en Filipinas

La Ley de Maternidad Responsable vigente en Filipinas desde este mes de enero y “congelada” durante años por la oposición de la Iglesia católica, llegó tarde para Rosalie Cabenan, una mujer de 48 años que parió 22 veces.
 
Ella nunca tuvo tiempo suficiente para recuperar su salud tras sucesivos embarazos. Frágil y con el rostro demacrado, Cabenan sufre cálculos biliares no tratados y fatiga constante.
 
Según el reportaje presentado por Channel News Asia, la mujer y su pareja solo querían tres hijos, pero vinieron uno tras otro sin remedio alguno.
 
En una casita destartalada en Baseco, villa miseria enclavada en Manila y donde más de 60 mil personas compiten por el espacio, Cabenan tuvo a su primer hijo a los 14 años.
 
Casi a punto de morir al parir al menor de todos, con seis años en la actualidad, comprendió que debía buscar una solución y terminó por omitir las exigencias de la Iglesia acerca de no usar anticonceptivos como la píldora o el preservativo.
 
Católica devota, la mujer lamentó haber seguido el dogma religioso en forma tan estricta, y recibió con satisfacción la Ley de Maternidad Responsable, en vigor desde el pasado 17 de enero.
 
Para Rosalie Cabenan, los líderes de la Iglesia son en parte responsables de las desventuras de miles de filipinas en una situación similar a la suya. Te dicen que sigas adelante y te multipliques, pero cuando les pides ayuda no te prestan atención, recalcó.
 
Nadie me enseñó métodos de planificación familiar, indicó, y en Baseco no hay fácil acceso a los anticonceptivos gratuitos, como la píldora.
 
Lo más difícil y doloroso es intentar dar comida y asistencia médica a las y los hijos, más aún si pierdes alguno; de los 22, cinco de mis pequeños murieron de diarrea, contó Rosalie.
 
El marido de Cabenan no tiene un empleo permanente y trabaja en obras de la construcción cuando puede. Sólo tres de sus hijos estudian y ninguno de los mayores terminó la primaria.
 
EFECTOS DE LA NUEVA LEY
 
La nueva legislación de natalidad exige que los centros sanitarios públicos entreguen gratuitamente preservativos y píldoras anticonceptivas a las mujeres, una medida que beneficia a decenas de millones de filipinas y filipinos pobres.
 
Requiere además enseñar educación sexual en los colegios y que los empleados de Salud Pública reciban una formación en materia de planificación familiar, en tanto que la atención médica después de los abortos también es legal.
 
Según los partidarios de la ley, la medida frenará la explosión demográfica de Filipinas, disminuirá la pobreza generalizada y reducirá el número de madres que mueren al parir.
 
El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ugochi Daniels, calificó el hecho como un triunfo para las mujeres pobres y las jóvenes sin acceso a métodos de control natal.
 
Mientras que la Iglesia católica, a la cual pertenece el 80 por ciento de los 100 millones de habitantes del país asiático, presionó durante más de una década a los políticos para bloquear la legislación sobre natalidad en el Parlamento.
 
Pero el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, desafió a la jerarquía católica e impulsó la Ley de Maternidad Responsable. Entonces la Iglesia advirtió a los partidarios del aborto que serán atacados en las elecciones parciales a mediados de este año y respaldará las medidas contra la ley.
 
Antes de aprobar la iniciativa, las mujeres que abortaban en Filipinas podían pasar hasta seis años en la cárcel y aquellos que las ayudaban se enfrentaban a sentencias similares y a la pérdida de la licencia médica, en caso de tenerla.
 
Datos del estadounidense Instituto Guttmacher estiman que sólo una de cada cuatro mujeres en esta nación se somete a un aborto quirúrgico.
 
La mayoría de las filipinas con embarazos no deseados prefiere tomar Cytotec (misoprostol), un fármaco para las úlceras estomacales que se puede comprar en la farmacia, o brebajes de hierbas, adquiridas en puestos situados enfrente de las iglesias.
 
Otras utilizan medicamentos mezclados con alcohol, dejan de comer o se tiran por las escaleras, pagan los masajes de una hilot (matrona tradicional) o introducen catéteres a través de su vagina.
 
Aunque apenas existe el diálogo público sobre la interrupción del embarazo, cerca de 80 mil mujeres son tratadas en los hospitales cada año a consecuencia de complicaciones por abortos inducidos, y al menos 800 mueren, según informes sanitarios.
 
*Periodista de la redacción Asia y Oceanía de Prensa Latina.
 
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