La defensa jurídica de las tres jóvenes que fueron detenidas arbitrariamente por participar en la manifestación del 20 de noviembre de 2014 en esta capital, en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) apeló al auto de formal libertad que un juzgado determinó hace más de un mes por falta de elementos acusatorios.
Alejandro Jiménez Padilla, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo a Cimacnoticias que el pasado lunes 12 de enero el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en el DF, notificó la apelación que la PGR interpuso el mismo día de la sentencia contra el auto de liberación por falta de elementos emitido el pasado 29 de noviembre por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, a favor de 11 manifestantes.
La sentencia dejó en libertad a Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega, Hillary Analí González Olguín y siete varones más, quienes participaron pacíficamente en la manifestación del 20 de noviembre en apoyo a los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Las jóvenes fueron detenidas arbitrariamente, torturadas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, y luego recluidas en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
A decir del abogado –que forma parte de las organizaciones civiles que defienden a las y los jóvenes–, la acción penal que interpuso la PGR es “inusual” y no expresó agravios ni motivos para la apelación, lo que es un “actuación oscura” para intimidar a las y los manifestantes.
Jiménez Padilla denunció que la PGR oculta información a la defensa, ya que luego de esta notificación –con mes y medio de retraso–, las y los abogados solicitaron revisar la averiguación previa, pero la Procuraduría sólo mostró una copia incompleta del expediente.
Por este hecho, las organizaciones que conforman la defensa legal de las y los jóvenes –entre ellas la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI)– interpusieron siete amparos para que se obligue a la PGR a mostrar los expedientes completos.
Alejandro Jiménez explicó que la defensa de las tres jóvenes –a diferencia de la de los ocho varones detenidos– estuvo a cargo desde un inicio de un defensor de oficio, porque el penal al que fueron llevadas estaba muy lejos de su familia y sus abogados, pero el IMDHD y la ODI lograron esta semana atraer los tres casos a fin de interponer acciones conjuntas que también las beneficien.
Cabe señalar que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito determinó el 29 de noviembre que la acusación de la PGR contra las 11 personas detenidas no contaba con elementos suficientes para acreditar alguno de los delitos que se pretendía imputarles: tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
Tal juzgado declinó su competencia a favor del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, el cual decidirá si confirma la apelación de la PGR o la revoca.
El IMDHD y la ODI señalaron en un pronunciamiento que la apelación de la PGR es una forma de utilizar la acción penal como estrategia de “intimidación y represión”, ya que mantiene vigente el proceso contra las personas que fueron detenidas, y con ello la posibilidad de que sean reaprehendidas en cualquier momento.
Además, las organizaciones observaron que la apelación busca legitimar una acusación sustentada en simulaciones de detenciones en flagrancia contra personas que fueron detenidas “al azar”.
En su comunicado, la defensa instó al Tribunal Unitario en Materia Penal del Tercer Circuito a ejercer su función jurisdiccional con independencia y apego a los Derechos Humanos.
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