Amnistía Internacional (AI) llamó a los partidos políticos y a los candidatos que contenderán en las elecciones del 2006 a que indiquen sus compromisos en materia de derechos humanos, y la forma en que harán frente a la violencia contra las mujeres, la impunidad, los derechos indígenas y las reformas al sistema judicial, entre otros temas.
En una carta abierta dirigida a los partidos políticos, Irene Khan, secretaria general del organismo, plasmó el diagnóstico de AI sobre la situación de los derechos humanos en México, luego de la visita de dos días que realizó al país al frente de una Misión de Alto Nivel.
«La discriminación y la violencia contra las mujeres siguen siendo endémicas en México. Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua de los últimos doce años constituyen el ejemplo más destacado de cómo las profundas deficiencias en el sistema judicial y de seguridad, unidas a la discriminación y falta de igualdad, son caldo de cultivo para la violencia de género», sostuvo al referirse a la violencia de género.
Sin embargo, aclaró que este tipo de violencia y el hecho de que las autoridades no actúen con contundencia en nombre de las víctimas y sus familias, no se limitan a Chihuahua, y que es urgente aplicar políticas prácticas que garanticen el derecho de todas las mujeres a vivir sin violencia ni discriminación.
Estos objetivos, afirmó, deben integrarse en la reforma de la policía y el sistema de seguridad, que es otro de los grandes desafíos pendientes para México, a fin de proteger los derechos humanos, aumentar la eficacia y garantizar el acceso a la justicia para todos, pues no basta con aumentar las competencias de las fuerzas de seguridad y las penas.
Aseguró que el aumento reiterado de las competencias policiales y judiciales para combatir la delincuencia, a lo largo de más de diez años, no sólo no ha conseguido resultados positivos, sino que ha exacerbado las violaciones de los derechos humanos.
«La reconstrucción de la credibilidad de los organismos judiciales y de seguridad sólo será posible si éstos mejoran tanto su capacidad técnica como la protección de los derechos fundamentales y si actúan con responsabilidad y transparencia ante la sociedad a la que sirven», afirmó.
También recomendó delimitar con prudencia la función de seguridad desempeñada por las fuerzas militares, pues el ejército no está capacitado para cumplir funciones policiales o judiciales ni es ése su cometido, y no puede garantizar un nivel adecuado de responsabilidad o transparencia.
Por ello, insistió en que deben cumplirse las reiteradas recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos que piden limitar el papel de la jurisdicción militar, para que las fuerzas militares presuntamente responsables de violaciones graves de los derechos humanos sean sometidas a una investigación independiente e imparcial y a un juicio en tribunales civiles para impedir la impunidad.
Sobre el equilibrio de poderes, reconoció que si bien se han dado avances importantes, se requiere establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas y que las autoridades cumplan con las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos.
«A nivel federal, el poder ejecutivo no tuvo la determinación necesaria, el poder legislativo ha dado preferencia a perseguir intereses políticos, y el poder judicial no ha aplicado estándares internacionales de derechos humanos en sus decisiones», manifestó.
Agregó que con demasiada frecuencia se utilizan argumentos jurídicos y constitucionales, no para garantizar la rendición de cuentas, sino para justificar y mantener la impunidad y la inacción, como en el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Sobre la investigación de los crímenes del pasado, que incluyen la persecución y desaparición de estudiantes, activistas y opositores al gobierno en las décadas de los setenta y los ochenta, sostuvo que prevale la impunidad y que el Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto sigue su trabajo «con resultados limitados y, de momento, poco satisfactorios».
Este gobierno y el próximo, consideró, deben garantizar la justicia, la verdad y la reparación de una vez por todas en este tema.
Recomendó también que se eliminen las reservas e interpretaciones presentadas por el gobierno mexicano a tratados internacionales claves, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a los Crímenes de Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad.
En materia de derechos indígenas, sostuvo que el Congreso no estuvo a la altura de las expectativas de muchos pueblos indígenas con la reforma constitucional de 2001, lo que generó una profunda frustración e indignación. Destacó además que los defensores de los derechos humanos siguen siendo víctimas de abusos y persecución por su labor, pese a lo cual continúan con su trabajo.
La secretaria general de AI sostuvo que los candidatos presidenciales y los aspirantes al Congreso deben comprometerse a seguir un programa de acción concreto que trate de resolver estos problemas, y afirmó que un diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil también es esencial para establecer la forma en que han de conseguirse estos objetivos, y para afianzar el amplio apoyo que se requiere para garantizar su éxito.
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