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Pide AI que Guatemala condene asesinatos de mujeres

Por María de la Luz González

Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Guatemala condenar públicamente el secuestro y asesinato de mujeres y niñas en ese país, investigar y resolver todos los casos, castigar a los responsables e implantar programas adecuados para prevenir la violencia de género.

Al presentar este jueves su informe “Guatemala: ni protección ni justicia. Homicidios de mujeres en Guatemala”, el organismo precisó que entre 2001 y 2004 se registraron más de mil 188 asesinatos de niñas y mujeres en ese país, según cifras oficiales y muchas murieron en circunstancias excepcionalmente brutales sin que se hayan aclarado los crímenes.

“Hay datos que indican que la violencia sexual y, en concreto, la violación, es un fuerte componente que caracteriza muchos de los homicidios, aunque a menudo esto no se refleja en los registros oficiales y, hasta la fecha, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, sólo se ha investigado un nueve por ciento de los casos”, destaca el informe.

El documento, presentado en el décimo primer aniversario de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará), destaca cómo muchas mujeres en Guatemala continúan siendo víctimas de un círculo de discriminación e impunidad.

El informe, que incluye testimonios de familiares de mujeres y niñas victimas de violencia, señala que en varios crímenes la mutilación y desfiguración a que habían sido sometidos los cuerpos recordaba los homicidios que se cometían durante el conflicto armado interno que vivió ese país centroamericano.

En el documento, AI cuestiona la ausencia de investigaciones y de fallos condenatorios adecuados en los homicidios de mujeres y niñas en Guatemala, por considerar que trasmite el mensaje de que en ese país la violencia contra las mujeres es aceptable.

“La verdadera dimensión de los homicidios de mujeres en Guatemala es desconocida, lo que pone de relieve la escasa atención que prestan las autoridades guatemaltecas a este asunto”, señaló AI.

Agregó que, a menudo, la violación y otros delitos de violencia sexual son casi invisibles debido a la ausencia de datos estadísticos fiables sobre las cifras y las circunstancias de los crímenes.

MUJERES POBRES

Sobre el perfil de las víctimas, el informe precisa que la mayor parte de ellas eran amas de casa, estudiantes y profesionales. Muchas procedían de sectores pobres de la sociedad, trabajaban en empleos mal remunerados como empleadas domésticas o en comercios o fábricas.

Algunas más eran trabajadoras migrantes, llegadas de países vecinos de Centroamérica, otras eran miembros o ex miembros de bandas juveniles, trabajadoras de la industria del sexo y la mayoría tenía entre 13 y 40 años.

La mayor parte de los asesinatos se ha cometido en zonas urbanas que en los últimos años también han sufrido un espectacular aumento de la delincuencia violenta, vinculada muchas veces al crimen organizado o a las actividades de las bandas juveniles callejeras conocidas como “maras”, precisa el informe.

Destaca que, en el centro de la crisis de derechos humanos que afrontan las mujeres del país, está la discriminación, que caracteriza incluso la respuesta de las autoridades, ya que algunos funcionarios califican a las víctimas de miembros de bandas o prostitutas, lo que refleja una gran discriminación hacia ellas y sus familias.

Estas actitudes suelen influir en la forma en que se investigan y documentan los casos, e incluso la decisión de hacerlo o no, sostiene AI, y señala que de acuerdo con los organismos oficiales que intervienen en las investigaciones, el 40 por ciento de los casos se archiva sin más.

“La inacción y la autocomplacencia de las autoridades han intensificado el sufrimiento de las familias, cuyas peticiones para que se hagan investigaciones adecuadas suelen encontrarse con el silencio”, sostiene AI.

El informe cuestiona la falta de formación en técnicas de investigación, que se refleja en deficiencias como el que no se proteja el escenario del crimen ni se recaben las pruebas forenses o de otro tipo necesarias, así como en la falta de seguimiento de pruebas posiblemente cruciales.

Señala, además, la falta de recursos técnicos y de coordinación y colaboración entre las instituciones del Estado, la cual ha provocado que muchos casos nunca hayan pasado de la fase de investigación inicial.

Por todo ello, AI recomienda al gobierno del presidente Óscar Berger realice investigaciones inmediatas, coordinadas, exhaustivas y efectivas sobre todos los casos de secuestro y asesinato de mujeres y niñas en Guatemala, y haga comparecer a los responsables ante la justicia.

Le pide, además, reforzar y mejorar la coordinación y la asignación de recursos a todas las instituciones del Estado que se ocupan de la violencia contra las mujeres y, en particular, a la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público y elaborar e implantar programas adecuados de prevención y protección para prevenir el secuestro y asesinato de mujeres.

2005/LG/SJ

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