Luego de una acalorada discusión, este día la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resolvió solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal que rechace la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Ecuador de la mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, toda vez que se trata de una solicitud fundada en la presunta comisión de un delito político.
Morett Álvarez es la única sobreviviente de un ataque perpetrado el 1 de marzo del 2008 por el Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalado en Sucumbíos, Ecuador, durante el cual murieron Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González de Castillo, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como Zoren Ulises, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El gobierno de Ecuador presentó, la semana pasada, al gobierno federal la solicitud formal de extradición de Lucía, a quien acusa de delito de atentado contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano, a partir de una orden de aprehensión que se giró en su contra en octubre del 2008 por un juez de aquella nación.
Ante ello, ayer las y los legisladores que integran la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, aprobaran un punto de acuerdo, para solicitar la protección de la ex candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), mismo que se presentó ante el pleno para su ratificación este día.
Sin embargo a petición del coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, el dictamen se llevó nuevamente a discusión ya que a decir del legislador el dictamen aprobado ayer únicamente era un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), para que realice su trabajo.
«El resolutivo del dictamen que hoy pone a nuestra consideración la Segunda Comisión constituye una posición absurda e inútil que sólo nos dejará en ridículo, resulta absurdo que la posición de esta soberanía en un tema tan importante sea el pedirle a la Cancillería que haga su trabajo con apego a derecho cuando toda autoridad está obligada a ajustar su actuación al marco legal y constitucional.», afirmó el legislador.
Ricardo Monreal precisó que lo que debería hacer esta Comisión Permanente es solicitar al Poder Ejecutivo Federal que rechace la solicitud de extradición por tratarse claramente de una persecución política.
«El delito que da sustento a la solicitud de extradición, de acuerdo con la documentación oficial, es el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano. Si esto no es un delito político enmarcado en el contexto de la lucha política e ideológica y de los movimientos sociales en América Latina, entonces difícilmente algo va a hacerlo».
Y agregó, en la documentación enviada por la Cancillería ecuatoriana no existe un solo elemento o prueba que acredite la participación de Lucía Morett en alguna actividad terrorista y «México tiene la obligación de proteger a sus ciudadanas y ciudadanos».
Ante esta postura el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Cristian Castaño Contreras, presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, arremetió señalando que la Cancillería y el Estado mexicano ha ratificado su disposición de hacer la representación que corresponda defendiendo los derechos que otorga la Constitución y las leyes a favor de Lucía.
«Sin embargo, el Estado mexicano no podría estar en contra de una solicitud que ha hecho en la justa dimensión de las leyes del Estado ecuatoriano por la presumible comisión de algún delito de la comparecencia de una ciudadana».
Por su parte, el diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumó a la propuesta del PT afirmando que la acusación por la que se solicita juzgar en Ecuador a Lucía, es porque «existe la posibilidad de haber intentado actuar contra la seguridad del Estado de Ecuador».
Y esta acusación, agregó el perredista, es eminentemente política, no hay un crimen alguno, no hay un hecho concreto alguno; la presencia de Lucía ahí, se interpreta como atentar contra el Estado de Ecuador, «pues pobre Estado, si la presencia de una mexicana, así sea en un campamento, se considera que se atenta contra la seguridad».
Finalmente, luego de una larga y acalorada discusión y habiéndose agotado la lista de oradores, el presidente de la Comisión Permanente, senador José González Morfín, sometió a votación el dictamen que también plantea se exhorte a la SER y a la Procuraduría General de la República (PGR) a brindar la debida protección jurídica a Morett Álvarez ante la solicitud de Ecuador, siendo este aprobado.
Cabe destacar que este sería el segundo proceso en contra de Lucía Moret, ya que Colombia también pidió su detención internacional por actividades de terrorismo. Aunque Relaciones Exteriores no ha detallado si ese país ya formalizó su petición como lo ha hecho Ecuador.
09/GTR/GG
