El Comité Nacional Provida infló los precios en materiales médicos y servicios hasta en 300 por ciento más de su costo real y pagó sumas multimillonarias a empresas vinculadas con la propia organización, denunció hoy el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Pablo Trejo Pérez.
Luego de conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el mal uso que Provida dio a recursos públicos otorgados por la Secretaría de Salud (SS) en 2003, el diputado del Partido de la Revolución Democrática señaló que se debe aplicar una sanción administrativa y exigir la devolución de los recursos a quienes resulten responsables.
En entrevista con Cimacnoticias, el legislador explicó que el dictamen de la ASF proporciona suficientes elementos para emprender acusaciones por el delito de fraude y evasión fiscal, toda vez que el personal de Provida utilizó sus cargos para beneficio personal y causó daños al erario federal.
Añadió que «mientras el Partido Acción Nacional se ha convertido en adalid de la transparencia, preguntamos si el cristal limpio sirve para ver todas porquerías que hacen».
El diputado local sostuvo que el caso Provida refleja claramente el tráfico de influencias y las maniobras del gobierno para proporcionar recursos públicos a organizaciones de forma ilícita; mientras tanto, no hay acciones contra los responsables y se sigue impulsando la corrupción.
Abundó que con los resultados de la ASF, el caso Provida se tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias, demandar la devolución del dinero y terminar con la triangulación de recursos.
Sobre las declaraciones de Serrano Limón en torno a su desdén por las organizaciones civiles, los políticos y los medios de comunicación, señaló que sólo reflejan su soberbia frente a la justicia.
Adelantó que la próxima semana desde la ALDF promoverán un punto de acuerdo para exhortar a la ASF y las autoridades federales a presentar las denuncias penales correspondientes.
Respecto a la responsabilidad del actual director del Banco Nacional de Obras, Luis Pazos de la Torre, quien asignó 30 millones de pesos al Comité Nacional Provida producto de un recorte unilateral e ilegal del presupuesto federal, advirtió que la Cámara de Diputados deberá tomar cartas en el asunto.
Asimismo aludió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como «la celestina del sexenio», toda vez que dicha institución ha propiciado su propio descrédito al esconder la corrupción y la ilegalidad.
Apuntó que la participación de organismos civiles, como los que en este caso descubrieron las irregularidades cometidas por Provida, es reflejo de que el Estado no cumple con sus funciones; no obstante calificó su labor como un importante paso para la transparencia.
Por último, Trejo Pérez llamó a que las y los legisladores promuevan una modernización administrativa, la aplicación expedita de la ley y una estricta supervisión de los recursos para que no se vuelvan a repetir casos de corrupción como el de la organización encabezada por Serrano Limón.
Cabe señalar que el diputado perredista presentó un punto de acuerdo en la ALDF en julio de 2004, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que investigara el caso.
2005/MP/SJ
