Luego de sumarse a la petición de feministas y ex legisladoras para que el senado de la República apruebe la Ley de Acceso General a una vida libre de violencia para las mujeres, «atorada» en primera lectura desde abril pasado, Alicia Elena Pérez Duarte, fiscal especial para delitos violentos contra las mujeres (FEVIM), dijo que con esta solicitud ya no habrá más pretextos para trabajar eficientemente contra la violencia hacia las mujeres.
La fiscal de la FEVIM apuntó que la actual legislación está llena de lagunas, por lo que desde la federación debería impulsarse esta nueva ley promovida por la feminista Marcela Lagarde que significaría para las mujeres «tener un marco más amplio y claro, las dos cosas, de los campos de acción de procuración y administración de justicia en el combate a la violencia contra las mujeres».
A nueve meses de estar al frente de la FEVIM, Alicia Elena Pérez Duarte rindió su informe en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en donde destacó los casos en los que ha intervenido la fiscalía a su cargo como: los feminicidios de Ciudad Juárez, Morelos y Chimalhuacán; las agresiones a 13 mujeres, en Castaños, Coahuila, en julio pasado por parte de militares; los hechos de Atenco, y el caso de la periodista Lydia Cacho.
Sobre Ciudad Juárez, Pérez Duarte señaló «no podemos afirmar que los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua son asuntos del pasado, desafortunadamente no es así, pero sí podemos sostener que la impunidad y la desatención a las sobrevivientes y a sus familias sí han quedado atrás».
En este sentido, la fiscal recordó su compromiso de realizar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prescripción de la responsabilidad penal o administrativa de funcionarios públicos en situaciones como la de Ciudad Juárez, documento que, dijo, se encuentra en su fase de revisión interna.
Al referirse a los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo pasado, Pérez Duarte dijo que está trabajando conjuntamente con el procurador del Estado de México, cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia, y que la fiscalía ha tomado en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sobre el caso Lydia Cacho, aseguró que la investigación ha prosperado en un 95 por ciento. Y al referirse a las agresiones a mujeres en Chimalhuacán, Estado de México y Morelos, ya se han esclarecido algunos homicidios de mujeres y se ha brindado asistencia técnica y pericial, agregó.
En su informe, la fiscal señala que el lugar más riesgoso para las mujeres y niñas es el hogar y que, en situación de frontera, la violencia hacia las mujeres y niñas es más grave.
Averiguaciones previas por delitos de tortura, amenazas, abandono de personas, hostigamiento sexual, violación y abuso sexual, abuso de autoridad, trata de personas y lenocinio, son otras acciones que ha emprendido la fiscalía.
La FEVIM, precisó la funcionaria, cuenta con un modelo de atención integral para mujeres que han sido víctimas de violencia, en donde se brinda atención ciudadana directa a estas mujeres a través de los Centros Regionales de Atención. A la fecha han atendido 165 casos, de los cuales 71 por ciento correspondió a violencia familiar, 9 a violencia sexual y el restante a otras formas de violencia.
El 46 por ciento de las usuarias de este modelo son mujeres casadas, 37 por ciento solteras, 5 por ciento divorciadas, 11 por ciento viven en unión libre. El 89 por ciento son mayores de edad y el 11 por ciento niñas y adolescentes.
Alicia Elena Pérez Duarte exhortó a la actual legislatura y al gobierno federal entrante a asumir un compromiso de continuidad y de evolución con lo hecho hasta ahora, así como incorporar a los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas y al de la federación.
La fiscal hizo un llamado a sumar esfuerzos para implementar acciones y programas que se rijan con una impecable investigación especializada, persecución efectiva del delito aislado y organizado del fuero común o federal vinculando a los delitos de género y a planear mejor la procuración de justicia, prevención y combate a la impunidad, así como concretar el compromiso con las 32 procuradurías estatales y la federal en el combate a la violencia de género contra mujeres y niñas.
06/LGL/GG
