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Pide HRW revisar caso de joven sentenciada a muerte en Arabia

Por la Redacción

El Tribunal de apelación de Arabia Saudita debe reconocer que Rizana Nafeek, la joven extranjera que actualmente se encuentra sentenciada a muerte en Arabia Saudita, era una niña al momento de su presunto crimen, cuando el bebé que estaba a su cargo murió, señaló en un comunicado Human Right Watch (HRW).

Asimismo, señala el organismo, el tribunal debe revisar la imparcialidad con la que se llevó a cabo la investigación original en relación a Nafeek, así como su proceso jurídico.

Nafeek, explica el organismo, había sido empleada en Arabia Saudita, en 2005, durante dos semanas como trabajadora doméstica migrante cuando el bebé de 4 meses de sus patrones murió mientras estaba a su cuidado.

El 16 de junio de 2007 una corte de Sharia en Dawadmi, Arabia Saudita, sentenció a muerte a Nafeek, originaria de Sri Lanka y que hoy tiene 19 años de edad, alegando que había cometido asesinato.

Nafeek, según HRW, presentó su apelación el 23 de julio de 2007 debido a que las leyes internacionales prohíben la pena de muerte en crímenes cometidos antes de los 18 años.

“Este caso levanta muchas preguntas perturbadoras sobre el trato hacia las niñas, niños y extranjeros en el sistema de justicia criminal de Arabia Saudita”, señaló Nisha Varia, investigadora senior en la División de Derechos de la Mujer de HRW.

Human Right Watch urgió a los tribunales de apelación de Arabia Saudita a considerar las pruebas que constatan que la edad de Nafeek era de 17 años cuando sucedió el incidente. Así como a revisar el acceso que ha tenido a abogados y traductores durante el interrogatorio y el juicio y a examinar las condiciones en las cuales hizo la confesión.

Human Right Watch asegura que ha obtenido una copia del acta de nacimiento de Nafeek y con la cual se demuestra que su año de nacimiento es 1988 y no 1982 como indica su pasaporte.

La investigación de Human Right Watch en Arabia Saudita y Sri Lanka a finales de 2006 arrojó que las y los trabajadores migrantes no están familiarizados con las regulaciones migratorias, ni saben que los reclutadores de trabajo falsifican de manera rutinaria los pasaportes a fin de cumplir con las exigencias de edad de los empleos en el extranjero.

De acuerdo con HRW, Arabia Saudita es Estado parte de la Convención de los Derechos de las y los niños que expresamente prohíbe las sentencias de pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos antes de que la o el presunto culpable cumpla los 18 años de edad.

Sin embargo, según la organización, las leyes en Arabia Saudita otorgan a los jueces completa discreción para tratar a las y los niños como adultos en casos criminales. Como consecuencia las cortes han impuesto sentencias de muerte en menores de hasta 13 años de edad.

“Por la imposición de la sentencia de muerte de Nafeek, que tenía 17 años cuando el bebé murió mientras se encontraba a su cargo, Arabia Saudita desobedece clara y específicamente sus obligaciones con los derechos humanos”, dijo la investigadora senior de la División de Derechos de la Mujer de Human Right Watch.

El organismo también urgió al gobierno de Sri Lanka a proporcionar protecciones más fuertes a sus trabajadoras y trabajadores en el extranjero.

Actualmente existen aproximadamente 8 millones de trabajadoras y trabajadores migrantes en Arabia Saudita, incluyendo de 400 mil a 500 mil provenientes de Sri Lanka.

Y quienes enfrentan cargos criminales a menudo tienen un pobre acceso a traductores, asistencia legal e información sobre sus casos. Nafeek, quien fue arrestada en 2005, no tuvo acceso a consejo legal hasta después de que el tribunal la condenó a muerte en 2007.

Por ello, la embajada de Sri Lanka ha comenzado a proporcionar servicios de apoyo para las y los trabajadores migrantes que han enfrentado abusos en su área laboral o han sido acusados de crímenes.

No obstante, para HRW, el gobierno de Sri Lanka debe asegurar el acceso a la ayuda legal oportuna a sus nacionales que enfrentan demandas criminales, así como ayuda judicial, protección y otros tipos de asistencia a las y los nacionales que han sufrido abuso.

También, el gobierno debería proveer asistencia legal gratuita a las y los demandados que no pueden pagar un abogado.

Finalmente, Human Right Watch “se opone a la pena de muerte en toda circunstancia debido a su crueldad inherente y su carácter definitivo. Considerando la posibilidad de errores en cualquier sistema de justicia criminal, las personas inocentes pueden ser ejecutadas. En lo que va del 2007, Arabia Saudita ya ha ejecutado a más de 100 personas”.

07/HVR/GG/CV

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