El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Por Juárez» (PRODH) pidió al gobierno mexicano desarrollar una política nacional que garantice el goce del derecho humano al agua, y que reconozca la profunda injusticia que existe en el acceso al líquido.
En el informe «Agua, conflictos y derechos humanos», la organización responsabiliza a empresas públicas y privadas como la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y las trasnacionales de alimentos y agroquímicos de los conflictos sociales y ambientales, en el país por violaciones al derecho humano del agua.
El documento, elaborado a partir de denuncias públicas, investigaciones de especialistas y monitoreo hemerográfico, cita como ejemplos las concesiones otorgadas a la minera Peñoles para abastecer y distribuir el líquido en varias ciudades del país.
También analiza los derrames de petróleo de PEMEX en el Río Coatzacoalcos que, en lugar de ser objeto de sanción por parte de las autoridades ambientales, se convierten en un gran negocio para empresas privadas supuestamente especializadas en la limpieza de hidrocarburos, como Sanit Marco, Lico Ambiental y Recover, entre otras.
La organización expone también casos de acaparamiento y contaminación de agua por parte de empresas privadas de agua en el estado de México o compañías mineras como Bismark o Peñoles, cuyo presidente, Alberto Bailleres, es integrante consultivo de la Comisión Nacional del Agua (CNA).
El informe denuncia que el Grupo Peñoles no solo maneja el agua a través de sus filiales en el sector minero, sino que, en sociedad con la española Suez, una de las grandes trasnacionales del agua, ha obtenido concesiones para administrar y abastecer el líquido en el Distrito Federal, Acapulco y Navojoa.
Peñoles, además, participa en el financiamiento, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en León, Torreón, Matamoros, Ciudad Obregón y Puerto Vallarta, pese a estar involucrada en la contaminación con cadmio y arsénico en Torreón que ha afectado a por lo menos 632 niños, destaca el organismo.
Otro ejemplo es el de la transnacional Granjas Carroll de México, dedicada a la producción comercial de cerdo en el Valle de Perote, Veracruz, la cual además de sobreexplotar los mantos acuíferos, los contamina con excrementos y cadáveres de animales, denuncia el informe.
En contraste, con las sanciones por violaciones ambientales que se han impuesto en Estados Unidos a Smithfiel Foods Inc., la transnacional de la que es subsidiaria Granjas Carroll de México, la empresa sigue operando en el territorio nacional sin problema alguno, agrega.
El informe sostiene que el acaparamiento de agua, el favoritismo de autoridades hacia empresas, el uso arbitrario del poder y la ausencia de una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población no sólo afectan el derecho de ésta a acceder con suficiencia al líquido esencial para la vida.
También, agrega, impactan negativamente en una cadena de otras garantías básicas como el derecho a la vida y a la dignidad humana, a la salud, a la vivienda y alimentación adecuadas, así como a la no discriminación.
Por ello, advierte sobre la necesidad de una política nacional que garantice el disfrute del derecho humano al agua, pues quienes carecen de este recurso viven en condiciones de desigualdad frente a las grandes empresas que lo acaparan.}
«Es urgente no pensar que el agua sea una mercancía, sino reafirmarla como un bien común intrínseco al derecho de la vida», demanda el organismo.
Advierte que si el Estado mexicano permite que aumente la tensión y el conflicto social por el control del agua y no regula apropiadamente su distribución, aplicando los criterios internacionales, «estará contribuyendo a acrecentar la crisis de ingobernabilidad en nuestro país».
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