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Pide Rosario a la CND se integre al Frente contra la Represión

Por Redaccion

En México se están generalizando “nuevas formas de tortura, que incluyen violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres”, señaló la senadora Rosario Ibarra de Piedra, durante su informe en la Convención Nacional Democrática (CND), el pasado 18 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México.

Al hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, denunció que al imponer la presencia del ejército en todas partes, Felipe Calderón busca acostumbrar a la población mexicana a su nuevo papel e intimidar la protesta social.

“Con la presencia del Ejército se solapan las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, como lo muestran los casos de Zongolica, los asesinatos en Sinaloa y Michoacán, las violaciones y humillaciones sexuales, como en Castaños, Coahuila, y de nuevo en Zongolica con la agresión a la señora Ernestina que continúa el maltrato a mujeres indígenas que ya habíamos visto en Chiapas y otros estados”.

Por eso, “hemos reclamado insistentemente en el Congreso que se elimine el llamado fuero de guerra”, dijo la luchadora social.

El gobierno usurpador, dijo Ibarra, está haciendo terrible daño en todos los terrenos de la vida del pueblo mexicano. Como se trata de un gobierno sin legitimidad, ha abierto un curso de represión y violación de derechos humanos muy grave, de enorme peligro.

EL CURSO DE LA REPRESIÓN

Este camino implica la militarización del país, explicó. Ante la falta de legitimidad, el usurpador (Felipe Calderón) saca a los soldados de los cuarteles para darles tareas de policías con el pretexto de la guerra al narcotráfico. Al imponer la presencia del ejército en todas partes, busca acostumbrar a la población a su nuevo papel e intimidar la protesta social.

También significa la generalización de nuevas formas de tortura, que incluye violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres que son hechos presos, como sucedió en Atenco y Oaxaca.

No se trata –aseguró Ibarra de Piedra– de perversiones de policías o soldados como casos individuales, sino de una política en que se ofrece, en cada represión, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como hacen ejércitos de ocupación en otras partes del mundo.

“Este trato violatorio de los derechos de los presos políticos incluye el regreso a la práctica porfiriana del traslado de estos a cárceles lejanas que dificulten su defensa, como lo vimos en Oaxaca”.

PRISIÓN POLÍTICA Y DESAPARICIONES

Hay un incesante crecimiento del número de presos políticos, aseguró la Senadora. Se dice que hay ahora más presos políticos que en años terribles como el de 1969, inmediatamente después de la represión al movimiento del 68. Requerimos la ayuda de todos para completar un censo confiable del número de presos políticos y su situación en todo el país, dijo.

Asimismo, “regresa amenazante la práctica de la desaparición forzada de personas. En todos estos años no ha dejado de haber desaparecidos políticos y sigue sin hacerse justicia en cuanto al saldo mayor de desaparecidos de los años 70 y 80, pero en los últimos meses vemos la tendencia de volver a hacerlo, como una política general”.

Muestra de ello son las denuncias del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de la desaparición de dos de sus militantes desde hace meses o la desaparición de Francisco Paredes Ruiz en Morelia, Michoacán, a fines de septiembre.

LEGALIZAR LO ILEGAL

Hay un intento de legalizar lo ilegal, afirma Ibarra. Así como en Estados Unidos buscan justificar la tortura en Guantánamo o en Abu Grahib con reformas legales, en México los “traidores a la patria” también quieren restringir derechos.

“En abril pasado, aprobaron lo que se conoce como ley contra el terrorismo, copia del Patriot Act de Estados Unidos, que apunta a criminalizar la protesta social. Ahora mismo está a debate la llamada reforma judicial propuesta por el usurpador, con la que se que busca legalizar la intercepción telefónica, cateos y detenciones sin órdenes judiciales para ello y otras reformas que desconozcan derechos conquistados por el pueblo mexicano, incluido limitar el derecho de manifestación”.

Hay ataques también a las y los defensores de derechos humanos, señaló. Es decir, la represión no se limita ahora a los activistas, luchadores sociales o militantes de oposición o aquellos a los que las autoridades suponen que lo son, sino que también atacan ahora a defensores de derechos humanos y a los abogados de los presos, limitándoles sus derechos.

“La subordinación a la política de Estados Unidos por parte del gobierno usurpador también lleva a permitir la intromisión y actuación de fuerzas armadas y policíacas extranjeras en México, como se ha denunciado con motivo de la Iniciativa Mérida, el diseño un Plan México similar al Plan Colombia e incluso la actuación de agentes colombianos en suelo mexicano”.

Como consecuencia lógica de todo lo anterior, se mantiene la impunidad en crímenes políticos cometidos no sólo por el gobierno usurpador, sino por los crímenes pasados del priiato y que la derecha demagógicamente dijo que resolvería, recordó.

“Sigue la impunidad en cuanto al 2 de octubre, al 10 de junio, los desaparecidos de los 70 y 80, Acteal, El Charco, Aguas Blancas, el Bosque y muchos más casos de antes y ahora”.

FRENTE CONTRA LA REPRESIÓN

Ante la gravedad de esta situación –señaló la madre del desaparecido Jesús Piedra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años 70– es que propusimos volver a crear un Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), como hicimos a fines de los 70.

Recordó que el pasado 2 de octubre formaron, con el apoyo de más de 100 organizaciones, entre ellas de la Coordinación de la Convención Nacional Democrática, el FNCR.

Estamos convencidos, afirmó, de que la posibilidad de poner un alto a la represión y violación a los derechos humanos depende de que logremos la unidad más amplia de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas y evitar que cada quien siga luchando por separado por sus presos y en contra de la represión.

Por lo menos, afirmó Rosario Ibarra, eso nos dice la experiencia histórica, si recordamos que a fines de los años 70 conseguimos así una amnistía para más de mil 500 presos, la libertad de 148 desaparecidos, la cancelación dos mil de órdenes de aprehensión y el regreso de los exiliados.

La necesidad de unirse contra la represión es evidente, aseguró. Y explicó que el Frente Nacional Contra la Represión no pretende sustituir o suplantar a ninguna de las organizaciones existentes o espacios de coordinación; es la unificación en torno a objetivos muy precisos por la defensa de derechos humanos, que respeta la autonomía y práctica de todas las organizaciones integrantes, que no pretende tener una representación formal única o comité de comités, ni un código o estatuto de una nueva organización.

“Es un frente necesario de muchos que somos diferentes, pero que nos une la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la represión. Por eso necesitamos que la fuerza de la Convención Nacional Democrática se integre ahí y respalde también los esfuerzos del Frente Nacional Contra la Represión”.

Lo hacemos con el criterio de que los presos y desaparecidos de otros compañeros son también nuestros presos y desaparecidos. No hacemos exclusiones ni tenemos criterios sectarios que expresen que sólo luchamos por nuestros presos o hacemos un frente exclusivo de una fuerza política.

Por lo mismo el compromiso del FNCR es luchar contra toda forma de represión, venga de donde venga, de cualquier nivel de gobierno o de cualquier color político. Así como nos hemos manifestado contra la Policía Federal Preventiva (PFP) en Atenco o Oaxaca, contra el usurpador disfrazado ridículamente de militar, contra criminales como Luis Echeverría Álvarez, Ulises Ruiz, Peña Nieto o Mario Marín, lo hemos hecho también contra gobiernos como el de Chiapas o el de Zeferino Torreblanca en Guerrero, que ha reprimido a los estudiantes de Ayotzinapa y a los opositores a la presa en La Parota. Nuestro compromiso indeclinable es defender los derechos humanos, enfatizó.

AMNISTÍA GENERAL

Informó también que discuten la conveniencia de impulsar una amnistía general, por que en varios casos de presos políticos se han agotado las instancias legales en el reclamo de su libertad y la amnistía parece ser la única forma institucional para lograr su liberación.

Citó como ejemplo los casos de los Hermanos Cerezo o de las “brutales sentencias” a 67 años de cárcel para Ignacio del Valle y sus dos compañeros de Atenco.

“La amnistía –dijo– no es un perdón ni el reconocimiento por parte de los presos de nada indigno, sino la respuesta política posible al reclamo justo de libertad a los presos políticos. No es simplemente una acción legislativa, sino que implicaría básicamente una campaña y lucha políticas.

TAREAS INMEDIATAS

Informó la activista por los derechos humanos que el 25 de noviembre, cuando se cumple un año de la brutal represión contra la APPO, celebrarán la segunda asamblea nacional del Frente Nacional Contra la Represión en Oaxaca. Ahí resolverán el nuevo plan de acción del frente y prepararán la gran movilización del 10 de diciembre, Día Universal de los derechos humanos, así como la Tercera asamblea nacional en la Ciudad de México.

Estoy convencida –dijo al final de su discurso, que no logró ser opacado por el inusual y persistente repiqueteo de las campanas de la Catedral Metropolitana– que con el apoyo de la CND y Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la represión y por el respeto a los derechos humanos alcanzará un nivel superior y serán más fuertes los gritos que llamen a la movilización contra la represión y la libertad para los desaparecidos y los presos políticos.

07/GG/CV

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