Para que ningún género esté representado en más del 60 por ciento en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la senadora Ludivina Menchaca Castellanos propuso ante el Pleno de la Cámara alta reformar la Ley del organismo.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que si bien desde 2002 la composición del Consejo Consultivo se integra paritariamente, «esto no ha sido por disposición normativa, sino por la férrea lucha de las mujeres para incorporar la equidad de género como tema de debate».
Los avances para que la mirada y la voz de las mujeres se garanticen por igual en los recintos parlamentarios, judiciales, ejecutivos y autónomos, hace necesario la puesta en marcha de estos recursos, porque si bien hay entidades federativas en las que se ha avanzado, todavía estamos lejos de alcanzar los índices que señala la media nacional, señaló.
Y como ejemplo citó los casos de Campeche, Distrito Federal, Guanajuato y Zacatecas donde existe una paridad entre consejeras y consejeros, pero esta situación no prevalece en otros estados.
La también Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, agregó que en 1990, el Consejo Consultivo se integró por 24 hombres y nueve mujeres, lo que comprueba que no siempre ha existido paridad en el órgano colegiado.
Subrayó que la discriminación política en perjuicio de las mujeres, hace necesario establecer medidas de acción en otros espacios de la vida pública, porque las mujeres pueden aportar y contribuir al desarrollo nacional, como en estos organismos donde se defienden los derechos humanos.
Por otra parte, a fin de eximir de responsabilidad patrimonial a las y los servidores de la CNDH por las opiniones y recomendaciones que formulen, así como por los actos que realicen en ejercicio de la competencia que les otorga su Ley Orgánica, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Así, la Comisión de Gobernación, considera que es viable esta reforma, dado que el organismo no tiene la naturaleza para emitir actos administrativos con fuerza y obligatoriedad que produzca efectos jurídicos.
El documento, aprobado por 262 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, y enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, señala que los preceptos contenidos en el Capítulo II y otras disposiciones de esta Ley serán aplicables para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así como las recomendaciones de la CNDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aceptados por los entes públicos federales y por el Estado mexicano en su caso, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.
Con esta reforma, señala la Comisión de Gobernación, misma que dictaminó, se fijan las bases y procedimientos que reconocen el derecho a la indemnización para quienes sufran daños en sus bienes y derechos a consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, al señalar su responsabilidad objetiva y directa.
09/GTR/LAG/GG
