Piden a CIDH grupo de expertas por asesinato de Berta Cáceres

Tras el asesinato de la defensora hondureña de Derechos Humanos (DH) y ambientales Berta Cáceres Flores, sus hijas y compañeros exigieron al gobierno del país centroamericano que firme un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que asigne un grupo de especialistas independientes que apoyen en las pesquisas del crimen.
 
Ayer, a siete días del asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sus tres hijas y activistas de la organización solicitaron en conferencia de prensa en Tegucigalpa, la capital hondureña, que el Estado garantice la procuración de justicia y la seguridad de las y los defensores de DH.
 
Exigieron la firma inmediata de un convenio de asistencia técnica con la CIDH, para que nombre a una comisión de personas expertas que cuenten con la confianza del Copinh y de la familia de Berta, a fin de que supervise, apoye y participe en las investigaciones que realiza el Ministerio Público por el asesinato de Cáceres.
 
Cabe recordar que en México, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, la CIDH creó un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que ha dado seguimiento a las investigaciones del caso, y su principal logro –hasta ahora– ha sido
desmentir la versión oficial de los hechos, en los que están involucrados fuerzas de seguridad y grupos criminales.  
 
FIN DE LA IMPUNIDAD
 
Copinh demandó que se cancele la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a la que responsabilizan de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad indígena lenca de Río Blanco y contra integrantes de Copinh.
 
Reclamaron que se suspendan de manera inmediata todas las concesiones empresariales otorgadas en el territorio del pueblo lenca, que no fueron consultadas previamente con los pueblos indígenas.
 
La familia de Cáceres pidió la desmilitarización de las zonas y territorios del pueblo lenca, y que se respete la autonomía y forma de gobierno de estas comunidades.
 
Igualmente, recordó que Berta, sus parientes y compañeras y compañeros activistas han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, persecución y criminalización, por parte de agentes estatales y no estatales, sobre todo a partir de que entró en vigor el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
 
Sin embargo, no se adoptaron medidas efectivas de protección ni tampoco se indagaron, ni hubo voluntad política para escuchar la voz del pueblo lenca que demanda respeto a su territorio y a su dignidad, por lo que –sostuvieron familiares y defensoras– el Estado hondureño es “responsable del asesinato” de Cáceres.
 
La familia de la defensora e integrantes de Copinh urgieron a una reunión con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, así como con el fiscal general de la República, Oscar Fernando Chinchilla, y con secretarios de Estado competentes, para garantizar el respeto a la integridad del pueblo lenca.
 
Las activistas advirtieron que el asesinato de Cáceres no es un hecho aislado, sino que demuestra la grave situación de riesgo en que se encuentran las y los defensores, y en particular de quienes defienden a los pueblos indígenas y los recursos naturales de la explotación.
 
Berta Cáceres fue asesinada en su casa el pasado 2 de marzo a pesar de que era beneficiaria de medidas de protección dictadas por la CIDH desde 2009.
 
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