Piden a Corte resolver recursos contra penalización del aborto

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT) demandó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, que resuelva los recursos por inconstitucionalidad presentados hace seis años y que demandan que se les permita a las mujeres interrumpir un embarazo cuando sus vidas estén en riesgo.
 
En un escrito, la organización exigió respuesta porque los plazos “están sobrepasados”. Entre 12 y 15 mujeres mueren al año en Nicaragua por la negativa de los médicos a practicarles un aborto terapéutico, aunque la cantidad podría ser mayor, según GEDAT.
 
Martha María Blandón, integrante del GEDAT, dijo que no hay datos oficiales sobre la cantidad de mujeres que pierden la vida por esta razón, pero las estimaciones ciudadanas se basan en la información que reciben de las familias de las víctimas.
 
Ayer 15 de julio se cumplieron seis años de que organizaciones de mujeres interpusieron los primeros recursos legales contra la penalización del aborto terapéutico, pero a la fecha no hay respuesta de la CSJ.
 
Elia Palacios, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), acusó que el Estado nicaragüense se niega a legislar a favor de más del 50 por ciento de la población (Nicaragua tiene una población de casi 7 millones de habitantes), quienes no pueden decidir sobre la interrupción del embarazo aunque su vida esté en peligro.
 
En Nicaragua las mujeres están frente a un Estado al que no le interesa la vida de ellas; muchas que tienen cáncer o cualquier otra enfermedad y que resultan embarazadas tienen que continuar el proceso, aunque finalmente de manera natural lo pierdan, pero su salud resulta muy deteriorada innecesariamente, advirtió Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
 
Abundó que las organizaciones que defienden la vida de las mujeres no se cansarán ni van a renunciar a la reivindicación de un derecho.
 
En 2006, en plena campaña política, las iglesias y los grupos conservadores presionaron a los diputados, quienes finalmente para ganar votos, reformaron el Código Penal y criminalizaron el aborto terapéutico que estuvo permitido por más de 100 años en el país centroamericano.
 
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