A seis años de que el Estado mexicano presentara su primer informe periódico ante el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la situación no ha cambiado y la petición sigue siendo la misma: el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y la sanción a quienes abusen de ellos.
Así lo informaron organizaciones civiles con trabajo en el tema conformadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», quienes en un comunicado informaron que vigilarán que el Estado mexicano cumpla las recomendaciones emanadas del segundo informe presentado por el Estado mexicano ante el Comité, el pasado 4 y 5 de abril en Ginebra, Suiza.
Entre las recomendaciones destaca la obligación del Estado mexicano de garantizar el interés superior de la infancia -en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes- y asegurar las condiciones para lograr que tengan un desarrollo integral y una vida digna.
En lo que se refiere al tema de privación de la libertad en las estaciones migratorias, el Comité enfatizó que ésta tendrá que ser conforme a los estándares internacionales, por lo que es un proceso administrativo y no penal.
Para las personas migrantes víctimas de abuso en sus derechos humanos, señala que deberán tener acceso a la justicia pronta y expedita.
De igual modo, el Estado mexicano está obligado a garantizar la vida, libertad e integridad personal de defensores de los derechos humanos, de las y los trabajadores migrantes y sus familias.
El Comité también recomendó establecer «medidas de protección» para las migrantes que en el país se ocupan como trabajadoras del hogar, y pidió mejorar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes agrícolas y de sus familias.
Para lograr estos objetivos, señala que el Estado debe realizar campañas mediáticas de sensibilización, capacitar a funcionarios públicos y crear el vínculo con las organizaciones que trabajan en el tema para la elaboración de políticas públicas.
De igual modo, debe crear un sistema nacional de información estadística acerca de las migraciones en México, que esté desagregada por sexo, edad, nacionalidad y motivos de ingreso, tránsito y salida del país.
De acuerdo con información de las organizaciones, de las 400 mil personas migrantes que cada año ingresan por la frontera sur de México, 24 por ciento son mujeres: de ellas, sólo 7 por ciento llega a la frontera norte, debido a la violencia que sufren en el camino.
De abril a septiembre de 2010, se registraron 11 mil 333 secuestros de personas migrantes, quienes padecieron violaciones sexuales, tortura, y en casos extremos, fueron asesinadas, informó este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Estado mexicano tendrá un plazo de cinco años para llevar a cabo estas recomendaciones, ya que entregará su tercer informe periódico el 1 de abril de 2016, en el cual tendrá que incluir información detallada acerca de las acciones que realizó para proteger a las personas migrantes.
En este sentido, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a no simular el cumplimiento de las recomendaciones del Comité y garantizar un marco de derechos para que pueda llevarlas a cabo.
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