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Piden a Senado adhesión de México a Corte Penal Internacional

Por Martha Martínez

Unos 60 grupos civiles defensores de los derechos humanos pidieron hoy al Senado de la República que en su próximo periodo de sesiones ratifique el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), cuyas funciones comenzaron este día, y que elimine los candados legales que dificultan la adhesión plena de México al organismo.

La petición fue hecha en conferencia de prensa por la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional (CMCPI) que agrupa a 60 Organizaciones no Gubernamentales defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional sección México.

Mariana Valdez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, informó que el pasado 15 de diciembre la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 21 constitucional que dificulta la ratificación de la CPI, toda vez que establece candados para hacer uso este instrumento internacional que establece que los estados parte deben participar sin reserva alguna.

Entre los candados señalados por Valdez, está la facultad tanto del Ejecutivo, como del Senado de la República, de negar la entrega de un sospechoso a la CPI, así como a decidir caso por caso la intervención de la corte, con lo cual se concede una “amnistía de hecho”, afirmó.

La CPI, que este martes inició formalmente sus funciones para los 89 países que la han ratificado, es el primer tribunal penal internacional permanente con capacidad de juzgar a los individuos señalados como presuntos responsables de los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra.

Su competencia es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, por lo que podría intervenir cuando un Estado no quiera o no pueda procesar a los responsables de los crímenes.

María Sirvent, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), calificó la reforma al artículo 21 Constitucional como un boicot político orquestado desde el Senado para permitir la impunidad en nuestro país.

¿TENDRAN COLA QUE LES PISEN?

En su turno, Irma Pérez Gil, integrante de la CMCPI, identificó a los senadores Diego Fernández de Cevallos, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Bartlet, Fidel Herrera y Sadot Sánchez Sarreño, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), como férreos opositores a la ratificación del Estatuto de Roma.

Pérez Gil adjudicó la oposición de esos senadores a la falta de información, pues “seguramente desconocen que la función de la CPI no es retroactiva, es decir, sólo castiga aquellos delitos que se cometen a partir de su ratificación”.

Calificó como probable que “estos personajes tengan miedo a que crímenes como las desapariciones forzadas, que son delitos de efecto continuo y por o tanto no prescriben, pudieran ser investigados”.

Ante este panorama, adelantaron que en el próximo periodo de sesiones, que inicia el próximo 15 de marzo, solicitarán al Congreso de la Unión que elimine la salvaguarda que establece la reforma al artículo 21 constitucional y que les permitan ser parte activa en el proceso de elaboración de la Legislación de Implementación del Estatuto de Roma.

Hasta ahora, 89 países alrededor del mundo han ratificado la CIP, de hecho. Este día, en La Haya, Holanda, juraron a sus cargos los 12 jueces y seis juezas que conforman la corte, dos de ellas latinoamericanas procedentes de Costa Rica y Brasil.

MM/MEL

       
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