El Congreso de Morelos pidió la comparencia de titular de la Procuraduría General de Justicia estatal y del secretario de Seguridad Pública local para que informen las acciones que han ejecutado o que pretendan realizar para frenar los asesinatos de mujeres en la entidad.
El exhorto promovido por la diputada del Partido del Trabajo, Adriana Mújica, se dio luego de que organizaciones civiles anunciaran que a finales de este mes solicitarán al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos (cimacnoticias 19 abril 2012).
El punto de acuerdo presentado el viernes pasado por la legisladora, destaca que el Comité contra el Feminicidio en Morelos (Cocofem) informó que en lo que va del año se han registrado 15 asesinatos dolosos de mujeres, lo que refleja que este problema no es atendido con prontitud por parte de las autoridades.
Esto pese a que el 2 de septiembre de 2011 entraron en vigor las reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de las cuales se tipificó el delito de feminicidio y se castiga con sanciones de 30 a 70 años de prisión en la entidad.
La diputada local recordó que en este paquete de reformas para tipificar el feminicidio, se establece la obligación de crear un sistema de registro público de los delitos cometidos contra las mujeres, el cual debe integrar la estadística criminal con el objetivo de definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia.
La Procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública quedaron obligadas a realizar una serie de acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, situación que hasta el momento, de acuerdo con la diputada petista, no han cumplido pese a que los plazos ya se vencieron.
Una de las obligaciones de la Procuraduría estatal fue implementar un protocolo de investigación para el caso de mujeres asesinadas y/o desaparecidas, pero organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (Cladem- México) denunciaron que hasta el pasado 2 de marzo ?cuando venció el plazo para ello? tal protocolo seguía sin elaborarse.
La AVG está estipulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el sistema que aprueba la alerta es un mecanismo integrado por secretarías de Estado, dependencias federales y los institutos de las mujeres de las 32 entidades federativas, quienes deben aceptar o negar la declaratoria.
12/AGM/LGL
