Una iniciativa para sancionar con dos a cuatro años de cárcel o multa de hasta 100 salarios mínimos a acosadores sexuales será presentada ante el Congreso de Tamaulipas por la diputada María del Carmen Hernández Paz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La Presidenta de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas del Congreso del estado dijo que ello obedece a la realidad que viven muchas mujeres trabajadoras, quienes son acosadas sexualmente por sus empleadores, que en algunas ocasiones son funcionarios públicos.
La iniciativa prevé inhabilitación hasta por tres años para trabajar en el servicio público a los funcionarios que incurran en acoso sexual o violencia física y verbal contra sus empleadas.
Explicó que al acoso sexual se enfrentan trabajadoras domésticas, de la industria maquiladora, del sistema educativo e incluso profesionistas de nivel gerencial, por lo que es necesario reformar el Código Penal de Tamaulipas para que se persiga de oficio a los jefes que presionen a sus empleadas para obligarlas a tener relaciones sexuales.
Indicó que se han recibido denuncias de algunas trabajadoras que enfrentan problemas con sus jefes porque no quieren tener relaciones sexuales con ellos, incluso algunas de ellas han perdido el empleo por negarse, lo que viola sus derechos laborales y las convenciones internacionales para erradicar todo tipo de discriminación y maltrato hacia las mujeres.
Señaló que el Código Penal del estado no tipifica el acoso sexual, por lo que la iniciativa de reforma busca que se adicione el artículo 276 «bis» con el propósito de que se sancione a las personas que practican esta vejación con una multa de 100 salarios mínimos, o bien de dos a cuatro años de prisión para quienes hostigan y cometen acoso sexual y en el caso de los funcionarios públicos que se proceda a la inhabilitación del cargo por espacio de tres años.
Respecto al delito de estupro, indicó que la iniciativa pretende modificar la ley para que se persiga de oficio a quien comete el delito y busca «reparar el daño» ofreciendo matrimonio, al margen de si la víctima acepta o no ya que este tipo de arreglos sólo legalizan la violación sexual.
La propuesta será presentará este mes ante el pleno legislativo y se pretende buscar acuerdos con todas las fracciones parlamentarias para que la apoyen.
2003/DDC/MEL
