Piden fondos públicos para garantizar labor de defensoras

Las defensoras de Derechos Humanos (DH) necesitan autonomía económica, acceso a la justicia y mecanismos de protección con enfoque de género que salvaguarden efectivamente sus vidas, sin embargo los Estados no les están garantizando estas medidas.
 
Esto lo señalaron expertas y defensoras durante el conversatorio “Retos para la protección efectiva de las Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica”, que se llevó a cabo hoy en esta capital.
 
Ana Güezmes, representante de la Oficina de ONU-Mujeres en México, dijo que la autonomía económica es un elemento que podría hacer la diferencia “entre estar vivas y estar muertas”, ya que las activistas requieren dinero para tomar decisiones de movilidad y de protección en caso de estar en riesgo.
 
De igual forma, el respeto a sus derechos laborales es otra condición fundamental que no se visibiliza al interior de sus organizaciones, pero que aumentaría su calidad de vida y su capacidad de resistencia.
 
Asimismo, dijo la experta, la responsabilidad de los Estados en Mesoamérica en la materia y de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es la de generar estadísticas sobre la situación de las defensoras y la asignación de fondos públicos que favorezcan su protección y su trabajo.
 
Marusia López, directora de Asociadas por lo Justo (Jass), dijo que México es uno de los países en los que menos se cumplen las medidas y resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y puso como ejemplo el fallo conocido como “Campo Algodonero”, por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
Además, lo más preocupante es que los gobiernos no saben cómo aplicar la perspectiva de género en leyes, protocolos de protección y medidas cautelares diseñadas para proteger los derechos de las activistas.
 
Al respecto, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH en México, dijo que es necesario que el personal que atiende a las defensoras cuando son víctimas de violencia esté capacitado e informado sobre cómo actuar según las condiciones diversas de cada caso.
 
Agregó que es fundamental que las legislaciones nacionales estén homologadas con los marcos internacionales, ya que de otra forma la efectividad de las convenciones será “muy lejana”.
 
Las y los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para las defensoras de DH y de mantener un contacto directo y cercano entre las organizaciones civiles.
 
SIN GARANTÍAS PARA QUIENES PROTEGEN
 
En su intervención, defensoras de estados como Oaxaca y Chihuahua, e incluso de países como Honduras y El Salvador, explicaron que como activistas son víctimas de violencia por parte de la sociedad y también de las autoridades, lo que limita su labor humanitaria.
 
Las defensoras dijeron que experimentan riesgos relacionados con los contextos criminales en los que actúan, por lo que están más vulnerables ante los ataques de grupos delincuenciales. Además enfrentan violencia, descrédito y aislamiento.
 
No obstante, el gobierno local y federal en lugar de garantizarles medidas de protección obstaculiza su trabajo impidiéndoles la libre asociación y restringiendo su acceso a la información, acusaron.
 
Enfatizaron que las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos son víctimas del descrédito de autoridades, pero principalmente de los medios de comunicación porque las llaman “asesinas” al defender el derecho al aborto legal.
 
Asimismo, recordaron que cada defensora padece situaciones muy específicas según su condición, ya que algunas son indígenas, migrantes, viven en zonas de difícil acceso o en medio de conflictos locales o criminales.
 
Por ello propusieron que dentro de las comisiones temáticas (como de Asuntos Agrarios, Trabajo o Libertad de Expresión) que laboran en el Congreso de la Unión se considere como eje transversal el tema de las defensoras, ya que ellas están en todos los rubros de la sociedad y no sólo en “los temas de las mujeres”.
 
Al finalizar, denunciaron que incluso la ONU y comisiones de DH están alejadas de ellas, pues todo el tiempo trabajan con los gobiernos, pero no con la sociedad civil. 
 
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