El comité promotor de la campaña ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más!, solicitó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, emitiera un informe sobre la situación de la recomendación 044/98 donde señala a los servidores públicos que incurrieron en omisiones durante la integración de las averiguaciones previas en los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esta solicitud forma parte del informe alternativo que el comité promotor de la campaña presentó el pasado 6 de agosto ante el comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), organismo dependiente de las Naciones Unidas, luego de que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres(Inmujeres), Patricia Espinosa, rindiera el quinto informe periódico del gobierno mexicano ante esa organización sin mencionar el caso de las mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza.
A decir de Lidia Alpizar, coordinadora general de la Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, Elige, con todo y que la recomendación de la CNDH determina responsabilidades directas en servidores públicos, ésta «permanece en la congeladora»; toda vez que hasta la fecha no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo o penal en contra de los servidores públicos señalados como responsables.
Los servidores públicos a los que se refiere la recomendación efectuada hace cuatro años son el subprocurador general de justicia de la zona norte, Jorge López Molinar; el coordinador regional, Felipe Terrazas, y la jefa de averiguaciones previas (en ese entonces coordinadora de la unidad especializada de delitos sexuales contra la familia y personas desaparecidas), María Antonieta Esparza.
Al ser interrogada sobre el tema durante la presentación del quinto informe periódico de México, la titular de Inmujeres se concretó a declarar que «el gobierno mexicano está muy preocupado pero no saben por qué los asesinatos», comentó Lidia Alpizar, agregando que esa respuesta deja claro que después de nueve años de asesinatos y violencia sistemática contra las mujeres de Ciudad Juárez, el gobierno federal no es capaz de dar una respuesta y mucho menos informar sobre las acciones que se llevan a cabo para frenar y esclarecer los asesinatos.
No obstante, se manifestó satisfecha porque como parte de los comentarios finales al quinto informe, el comité de la CEDAW insta al gobierno mexicano a impulsar y acelerar el cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH.
A la fecha es ella la primera y única recomendación que existe en nuestro país sobre sexismo, negligencia y negación de justicia por cuestiones de género.
Por su parte Ximena Andión, coordinadora de denuncia, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), demandó a la Procuraduría General de Justicia (PGR), al gobierno federal, al gobierno local y a la Procuraduría de Justicia del Estado que asuman su responsabilidad para prevenir y castigar los asesinatos.
Andión aplaudió la instalación de una mesa de interlocución entre autoridades estatales, locales y federales el próximo 23 de septiembre; sin embargo insistió en que eso no resuelve el problema ya que dentro de esta interlocución no se consideran especialistas en criminología y peritaje.
Para finalizar Ximena Andión exhortó al gobierno federal a revisar todos los expedientes a fin de identificar a los servidores públicos responsables de omisiones durante su integración, al tiempo que se definen claramente las líneas de investigación, ya que actualmente se han acumulado 16 hipótesis y ninguna línea clara de indagación.
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