Ni el presidente de la República, ni el secretario de la defensa, van a defender a los militares acusados de violar a 14 trabajadoras del municipio de Castaños, Coahuila, el pasado 11 de julio, se comprometió hoy Vicente Fox, ante integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Coahuila.
«Se va a castigar a los culpables. Dilo con plena confianza, que ni vamos a tolerar ni vamos a permitir que se defienda a nadie», puntualizó el jefe del Ejecutivo durante una reunión privada que sostuvo esta mañana con los legisladores, entre los que se encontraba la diputada Silvia Garza Galván, quien al conocer los «lamentables» hechos de Castaños no ha dejado de pedir la aplicación de justicia a las autoridades para las víctimas.
En entrevista vía telefónica con Cimacnoticias, Garza Galván informó que entregó «en la mano del Presidente» un oficio y un expediente completo del caso Castaños, con videos, fotografías de marchas convocadas por la sociedad civil, notas de prensa, y los comentarios de abogados respecto a los hechos de violencia contra las trabajadoras.
Agregó que ella y dos legisladores más — Luis A. Mendoza Balderas y José Antonio Jacinto Pacheco– firmaron el oficio donde se detallan los hechos y la petición de que las autoridades intervengan para castigar a los culpables por la vía civil y no militar.
En el oficio, la y los diputados hacen del conocimiento a Vicente Fox que, luego de los sucedido el 11 de julio, fueron testigos «de la enorme discrecionalidad, opacidad y hermetismo ilegal con que actuaron los encargados de la Procuraduría de Justicia Militar», sin importar lo que previenen seis los artículos de la Constitución (1, 13, 16, 20 21 y 129).
En el documento subrayan que hasta hace pocos días las autoridades militares mantuvieron en reserva de la identidad de los presuntos responsables, se negaron a entregar a los implicados ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila, que era «lo correcto para estos casos, en pocas palabras las garantías de las víctimas fueron rebasadas y atropelladas de modo total».
Resaltaron la importancia de los medios de comunicación para dar a conocer los hechos del pasado 11 de julio y la movilización de la sociedad civil, donde hubo una gran participación de la población, familiares de las víctimas, el Obispo Raúl Vera de la Diócesis de Saltillo y la diputada Silvia Garza, pidiendo justicia para las víctimas.
Con relación a los 8 militares detenidos hasta el momento, recluidos en el Cereso de Monclova y bajo proceso civil, para Silvia Galván es importante resaltar que se trata de una primera entrega de los responsables, «creemos que es el término adecuado ya que las autoridades militares responsables manifestaron que solo faltan cuatro elementos más que están prófugos, y con esto dan por cumplida la misión de entrega recepción de los sospechosos».
La diputada local de Coahuila, dijo que en los hechos descritos por las 14 trabajadoras violentadas y, por diversas versiones oficiales y no oficiales, se sabe que participaron más de 20 elementos de la institución castrense.
«Las mujeres agraviadas señalan que fueron por los menos de 15 a 18 militares quienes las ultrajaron. La discrepancia de cifras es muy simple: es obvio que el aberrante hecho lo cometieron una parte de ellos, pero lo grave es que el resto del convoy militar no hizo nada por detener a sus compañeros fueran estos inferiores o superiores en rango», denunció.
Es evidente, dijo, e incuestionable que quienes cometieron los mismos delitos por vía de omisión dolosa, «por no tratar de evitar que se consumara» la violación tumultuaria y repetitiva, convierte en culpables a todos los representantes de esta institución (Ejército mexicano), que se encontraban en la región el 11 de julio asignados a resguardar el material electoral de las elecciones presidenciales.
La importancia de puntualizar lo anterior, señaló Garza Galván, es que «todos los que desean sepultar el asunto temen que se continúe ventilando en público», lo cual «ofende la dignidad y la inteligencia de los coahuilenses y de las víctimas».
06/LR/CV
