Organizaciones del Equipo Interinstitucional contra la Violencia Familiar propusieron a la Legislatura local crear una ley de prevención y atención a ese problema, y que las agresiones a las mujeres se persigan de oficio, como en el caso de los menores.
Durante el foro de consulta para las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado, integrantes del grupo multidisciplinario pidieron un tratamiento integral a la violencia hacia las mujeres, dado su nivel alarmante: más de 60 muertas en los últimos cuatro años y medio.
Aunque desde enero de 2000 el Código Penal de Nuevo León incluye como delito la violencia familiar, el Equipo Interinstitucional, que aglutina a instituciones públicas y organizaciones civiles, consideró necesario elaborar una ley de prevención y atención a ese problema.
Esa ley regularía y reglamentaría las responsabilidades, acciones y la participación de los diferentes sectores involucrados en los casos de violencia.
Martha Flores, de la Secretaría de Salud e integrante del grupo, dijo que para dar una respuesta práctica en la atención de la violencia es necesario diferenciar el maltrato infantil del que se ejerce en contra de las mujeres.
Señaló que las medidas de protección y seguridad no pueden ni deben esperar un proceso que lleva tiempo, por lo que las leyes deberán determinar los riesgos que enfrentan las mujeres y las medidas de protección que requieren en tanto deciden denunciar y dar seguimiento a su caso.
Por su parte, Alicia Leal Puerta, directora de Alternativas Pacíficas AC, propuso al Congreso del estado que al igual que sucede en el caso de los menores, el delito de violencia hacia las mujeres se persiga de oficio.
También planteó que se establezca un fideicomiso con los montos de las fianzas aplicadas a los agresores para que se cumpla efectivamente con lo estipulado actualmente por el Código Penal, en relación a la reparación de daño para las víctimas.
Asimismo, se propuso que mediante disposición oficial se obligue a los agresores a la atención médica y psicológica.
Maricruz Flores, del Pacto Plural de Mujeres de Nuevo León, solicitó al Legislativo estatal hacer una evaluación del marco jurídico y normativo en materia de violencia intrafamiliar, mediante la creación de una comisión diversa, para que con base a resultados concretos se establezcan políticas públicas que incidan en la atención integral de las víctimas y agresores.
Rechazó que el Código Penal deba incluir la figura de mediación o conciliación en los casos de violencia intrafamiliar, tal como lo propone el Ejecutivo del estado en la iniciativa presentada al Congreso para su análisis y reforma.
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