Piden mecanismos para que víctimas de violencia tengan empleo

Es necesario que el gobierno mexicano –en coadyuvancia con empresas y la sociedad civil organizada– implemente proyectos laborales, de vivienda, educativos y de recreación, para que las mujeres que egresan de los refugios para sobrevivientes de violencia de género tengan más posibilidades de reinserción social, llamó la Red Nacional de Refugios (RNR).
 
Como parte del Primer Encuentro de Directoras y Representantes Legales, este 12 y 13 de febrero en esta capital, Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, aseguró en entrevista que en México no se han implementado políticas públicas ni programas de reinserción social para mujeres en situación de violencia, lo que limita el esfuerzo que realizan al interior de los refugios para consolidar su autonomía.
 
La activista informó que aunque la RNR se asegura de dar seguimiento integral a las egresadas en centros externos a los refugios, el gobierno federal no tiene políticas de inserción social para que las mujeres tengan un hogar, consigan un trabajo, accedan a espacios educativos para ellas y sus hijos, y cuenten con espacios de recreación dignos.
 
Esta carencia impide que todo el proceso de recuperación, protección y autonomía que grupos interdisciplinarios al interior de los refugios trabajaron y lo que las mujeres aprendieron durante tres meses, pueda aplicarse de manera inmediata.
 
Figueroa Morales señaló que si bien los gobiernos de algunas entidades han buscado alternativas para subsanar la falta de una política nacional, sus programas son temporales, poco trascendentes o condicionantes.
 
Como ejemplo de estos esfuerzos, la activista recordó que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi-DF) intentó asignar algunas habitaciones para las mujeres que egresan de refugios; sin embargo no hay todavía la infraestructura para dar seguimiento a tales apoyos.
 
“En otros países está comprobado que tener un acompañamiento en la reinserción social es un puente a la autonomía, es lo que impide que las mujeres vuelvan con sus parejas (violentas)”, advirtió Figueroa.
 
Aseguró que las mujeres que egresan de los refugios señalan que aunque aprendieron mucho durante su recuperación, al ir a buscar trabajo se les revictimiza.
 
Ante la falta de una política pública en el tema, la RNR está buscando alianzas con otros actores sociales que puedan contribuir desde sus posibilidades a fin de convertir a las mujeres en situación de violencia en microempresarias.
 
Prueba de esto es la colaboración que la Red está iniciando con la empresa de ventas Inova, a fin de que las mujeres que egresan de los refugios puedan instalar un centro de ventas telefónico en su casa.
 
Inova también propuso la posibilidad de que las mujeres que no puedan instalar este sistema en su casa, lo hagan en un módulo de atención externo donde laboren al menos cinco personas o por venta por catálogo, pero con todas las prestaciones de ley.
 
A la par, la RNR está trabajando con el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) –dependiente de la Secretaría de Economía– para crear una convocatoria –acorde a las necesidades y la realidad de las mujeres en situación de violencia–, para que puedan participar en proyectos de “incubadoras” de empresas.
 
La directora de la RNR observó que es necesario realizar una convocatoria específica para las mujeres en situación de violencia, ya que las reglas de operación del Inaes limitan el acceso de las mujeres que egresan de refugios porque solicitan documentos con los que, por su situación, no cuentan.
 
A fin de superar los requisitos generales, se acordó que serían las encargadas de los refugios o de los centros externos que les dan seguimiento a los casos de violencia, se hagan “responsables solidarias” de las incubadoras ya que ellas sí cuentan con los documentos que se piden para los proyectos de inversión o pequeñas microempresas.
 
Las integrantes de la RNR también negociaron que no se pida a las mujeres que comprueben que fueron víctimas de violencia, sino que las directoras de los refugios extiendan un documento en el que se indique que la persona está en un proceso de independencia por haber vivido una situación de violencia.
 
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