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Piden ONG aclarar asesinato de Griselda Tirado

Por Sandra de los Santos Chandomí

Organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos en Chiapas exigieron hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) castigar a los responsables del asesinato de la defensora de los derechos humanos, Griselda Tirado, asesinada en Puebla.

En una carta abierta dirigida a diferentes dependencias y organismos, las y los defensores de los derechos humanos exigen al gobierno federal hacer una investigación a fondo sobre el asesinato de Tirado para que no quede impune como ocurrió con la muerte de la abogada veracruzana, Digna Ochoa.

Los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Fray Pedro Lorenzo de la Nada; Fray Matías de Cordova y Miguel Angustín Pro Juárez, entre otros, exigieron al gobernador de Puebla, el priista Melquíades Morales, y a la Procuraduría de Justicia de aquel estado, proteger a los familiares de Tirado.

La militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinada el pasado cinco de agosto al salir de su domicilio en el municipio de Huehuetla, Puebla, con cuatro disparos de arma de fuego.

Las y los defensores de los derechos humanos en Chiapas, quien también han sido objeto de agresiones, pidieron al gobierno federal ofrecer las garantías de seguridad necesarias a los integrantes de la Organización Independiente Totonaca, a la cual pertenecía Griselda Tirado, que se encarga de defender los derechos de los comuneros de la sierra norte de Puebla.

La muerte de la defensora es vinculada con su candidatura a las próximas elecciones para el gobierno indígena municipal, lo cual la ponía en conflicto con los caciques de la región.

Un día después del asesinato, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PRD, exigió al gobierno de Puebla aclarar el asesinato, que atribuyó a su trabajo a favor de los indígenas.

Algunos de los casos que defendía la perredista, maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Puebla, se encuentran la violación de una mujer de 17 años y la defensa de un grupo de indígenas detenidos por un delito no comprobado.

2003/SSCH/MEL

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