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Piden organizaciones sociales una audiencia pública con Frenk

Por la Redacción

Organizaciones sociales demandaron hoy al Secretario de Salud, Julio Frenk, una audiencia pública, donde estén presentes los medios de comunicación, para explicar el curso de las investigaciones contra los responsables por la asignación irregular de recursos públicos al Comité Nacional Provida.

En conferencia de prensa, representantes de seis organizaciones sociales exigieron que las Secretarías de Salud (SS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpongan las denuncias penales, civiles o administrativas correspondientes que recomendó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

De Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, María Vallarta, advirtió sobre la posibilidad de que en este caso de evidente corrupción “se esté encubriendo algo”, toda vez que cuando inició la investigación las instancias de gobierno les solicitaron esperar los resultados de la ASF, “y ahora que ya los tienen, no pasa nada”.

Vallarta adelantó que la organización encabezada por Jorge Serrano Limón podría ser acusada por el delito de peculado y los responsables purgar una pena de entre dos y 14 años de cárcel.

Explicó que según el Código Penal Federal este delito se conforma cuando “cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de los recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó”.

Sobre el actuar de las dependencias federales defraudadas por Provida, entre las que se encuentran el Fideicomiso Público de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública “Transforma México” y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), además de la Secretaría de Salud (SS), subrayó que esperan hechos y no discursos

En su turno, Martha Juárez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expresó que la asignación de recursos a Provida es contradictoria con las políticas públicas de salud en México.

Al respecto, explicó que el dictamen de la ASF establece que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), a través del cual Provida recibió la mayor parte del dinero federal, dio recursos a la organización conservadora porque su actividad “se clasifica dentro de la línea de acción 2.1 del Programa Nacional de Salud, garantizar un arranque parejo en la vida”. No obstante, se comprobó que los estatutos de la organización no coinciden con este objetivo.

Apuntó que el dictamen también señala el incumplimiento de la APBP sobre las disposiciones normativas en el proceso de autorización, evaluación y seguimiento de los proyectos que son apoyados por la misma.

En el caso de Luis Pazos, entonces diputado federal, quien asignó los recursos por parte de la SS, Juárez señaló que el dictamen de la ASF es muy claro, pues no estaba facultado para “dar a conocer a los titulares de dependencias de la Administración Pública Federal sus presupuestos aprobados y/o recursos adicionales aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados”.

En este sentido, María Vallarta llamó a no olvidar que el actual director del Banco Nacional de Obras, fue el principal artífice de la entrega irregular de recursos al Comité Nacional Provida, quien no obstante no enfrenta ningún procedimiento en su contra.

Por su parte, la directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM), Pilar Muriedas, recordó que tanto Julio Frenk, como el Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, se comprometieron a darles información puntual sobre el caso y, a la fecha, no han recibido respuesta alguna.

Sobre la posible responsabilidad de Provida por fraude fiscal, Muriedas aseguró que existen pruebas suficientes al tiempo que exigió que el caso no quede impune, cuando “la legalidad predomina en México”.

Adelantaron que durante la sesión de hoy en el Senado de la República, es posible que se discuta un punto de acuerdo de la senadora Yolanda González, para exhortar a las autoridades a tomar acciones contra Provida por el mal uso de recursos.

Las organizaciones advirtieron que seguirán de cerca el proceso contra los responsables e indicaron que todavía no existe una iniciativa en la Cámara de Diputados para evitar que la asignación discrecional de recursos, como en el caso Provida, se repita.

Las organizaciones civiles que dan seguimiento a este caso son Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GIRE; Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, SIPAM.

2005/MP/SJ

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