Más de 400 personalidades de la política, la cultura, el sindicalismo, la academia, el movimiento de mujeres y la sociedad civil argentina, exhortaron al Congreso de esa Nación, a debatir y aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que plantea la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y la obligación de los servicios de salud para realizar el procedimiento.
A través de un desplegado publicado hoy en seis de los principales medios argentinos, las organizaciones y personas que signaron el documento señalan que la despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social, que su criminalización no impide su práctica, y que un Estado laico y democrático debe garantizar la libertad.
Este proyecto de ley fue presentado a la Cámara de Diputados por primera vez, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el 28 de mayo de 2007; sin embargo, nunca fue discutido y se quedó en la «congeladora» por lo cual el 1 de marzo de 2010 -de acuerdo con la legislación argentina- «perdió estado parlamentario».
En un segundo intento, la Campaña Nacional, volvió a presentar el proyecto de Ley el 16 de marzo de 2010, mismo que fue firmado por más de 33 diputadas y diputados y que contó con la representación de casi todos los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados. Actualmente ha sido apoyado por 50 legisladoras y legisladores.
La iniciativa plantea la derogación de los artículos del Código Penal que tipifican el aborto como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente; ya que las organizaciones aseguran que la ley debe castigar sólo los abortos realizados contra la voluntad de la mujer.
Consta de 11 artículos que precisan que «toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional». También señala que el procedimiento será un derecho en los servicios del sistema de salud.
El artículo 8 establece que en caso de que la IVE deba practicarse a una mujer de menos de catorce años se requerirá el consentimiento de al menos uno de sus representantes legales. En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en el pleno goce de sus derechos y garantías.
Las organizaciones que firman el desplegado sostienen que la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo.
Todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben
– agregan- pueden sostener sus convicciones; de igual manera las que lo admiten, deben tener el derecho de actuar según su conciencia y con libertad para tomar sus decisiones.
Además consideran que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que deben ser reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios públicos que los sostienen, aseguraron.
11/AGM/LGL
