Luego de que en días pasados el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, acusara públicamente al abogado Manuel Fuentes y a Cristina Aurebach, del equipo de Pastoral Laboral, por «lucrar política y económicamente» con la explosión de Pasta de Conchos, diversas organizaciones se pronunciaron a favor de ambos calificándolos como defensores de derechos humanos.
En un boletín, diversas OSC como Pastoral Laboral, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Redtdt) aseguraron que la intervención de Aurebach y Fuentes «ha sido de gran calidad humana y reconocida por las mismas familias como importante y efectiva».
Mientras que Lozano ha violado flagrantemente y en repetidas ocasiones lo dispuesto en la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, en la cual se reconoce, entre otras cosas, el derecho a recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y debatir si éstos se observan tanto en la ley como en la práctica.
Así como a formar y mantener una opinión al respecto y la obligación del Estado de garantizar la protección por las autoridades competentes frente a toda presión.
Por lo anterior, señalan, el Secretario del Trabajo no debe desempeñar un cargo de secretario de Estado, debido a que con sus declaraciones, acciones y omisiones, ejerce una presión indebida sobre Cristina Aurebach, Manuel Fuentes y los familiares de los mineros.
Además de que oculta, con estas presiones, incumplir con su obligación de brindar todas las condiciones para que se reanude y termine el rescate de los cuerpos de los mineros muertos en la mina número 8 de Pasta de Conchos, agrega el comunicado.
Ya en días anteriores, dicen las OSC, Lozano Alarcón manifestó que no tenía las facultades jurídicas para ordenar el rescate de los cuerpos de los mineros: «esto es falso, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorga a la STyPS la facultad de conocer y hacer cumplir todos los reglamentos y normas que existen en materia de trabajo, donde ocupan un lugar importante la inspecciones de trabajo».
Asimismo, el reglamento interno de la STyPS afirma que el Secretario del Trabajo no puede depositar estas facultades en ninguna otra persona, debiendo responder por todas ellas sin que quede en entredicho su capacidad de ejercicio directo en las mismas.
Por lo que, subrayan, «la posición de Lozano Alarcón implica una grave omisión a sus responsabilidades como secretario, y una violación del artículo 8º Constitucional que asegura a las viudas y familiares su derecho de petición, puesto que habiendo solicitado que se reanudase el rescate y las razones técnicas de la suspensión no se ha respondido prestamente a esta solicitud».
OMISIONES DE STyPS
De acuerdo con el documento, estas omisiones y acciones por parte del Secretario también constituyen una violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en su artículo 8, ya que ha generado deficiencias en el ejercicio de su servicio público, toda vez que no ha respondido a la exigencia de las familias de reanudar el rescate de los cuerpos.
Por el contrario, ha retrasado por más de 3 meses las conclusiones del peritaje que él mismo encargó, «por no observar una buena conducta en el ejercicio de sus funciones y aprovechar su posición de Secretario de Estado para denostar a personas familiares de los mineros en Pasta de Conchos y a quienes han sido reconocidos por las mismas como sus asesores y representantes».
Con esta conducta, apunta el comunicado, el Secretario ha pretendido inhibir las denuncias de las familias, retrasando la respuesta a las mismas, y dicha actuación ha resultado en grave perjuicio a los intereses de las viudas y familiares.
Todas estas violaciones implican emplear el Artículo 109 Constitucional que ordena aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos por actos y omisiones que afecten la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus labores, explican.
Por todas estas actuaciones y debido al apoyo de Cristina Aurebach y Manuel Fuentes a los familiares, organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), los Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro Laboral México (Celamex) reconocen a ambos como defensores de derechos humanos y señalan que les ampara la declaración en esta materia, de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado Mexicano.
QUÉ RENUNCIE LOZANO
Por ello, estas organizaciones piden, entre otras cosas, al Gobierno federal que inste a Lozano Alarcón a presentar su renuncia y disculparse públicamente con Cristina Auerbach, con Manuel Fuentes y con las viudas y familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos.
Además, que el Gobierno Federal dé la orden de reanudar las actividades de rescate inmediatamente y que dé a conocer a las familias y públicamente las razones técnicas por las que se mantiene suspendido y el plan de rescate que se desprende de las investigaciones del Foro Consultivo.
Reiteran su petición de que la Secretaría de la Función Pública investigue y castigue el mal comportamiento de los funcionarios de la STyPS que en este caso han intentado engañar a los familiares, han difamado a sus representantes y han dado a la opinión pública informaciones falaces que obstaculizan la reanudación del rescate.
Y se investigue, con base en la información del Foro Consultivo, las causas reales de la explosión en la mina Pasta de Conchos y se castigue a los culpables de la negligencia en materia de seguridad, así como a los encubridores hasta el momento, en este grave caso de homicidio industrial.
También que se responda a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la 2ª Comisión Especial de la H. Cámara de Diputados de cancelar la concesión a Industrial Minera México, por todas las graves fallas de seguridad en la mina que llevaron al accidente y por su conducta criminal en el momento del rescate, para que el Estado se haga responsable del rescate.
«Y que se resuelva de manera inmediata en el tema de las pensiones atendiendo a la demanda de nivelación de salario», concluyen.
07/HVR/CV
