El Centro Independiente de Noticias y la Red de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) el sobreseimiento del proceso penal 48/2006 instruido en contra de Jacinta Francisco Marcial y sus co-acusadas ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro por el delito de secuestro de seis agentes federales de investigación.
En una carta dirigida a Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, y a Norma Patricia Valdez Arguelles, delegada estatal de la Procuraduría General de la República en Querétaro, exhortan también a que se acepte la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el pasado 17 de julio, sobre el caso de Jacinta Francisco, en virtud de que se encuentra aún en el plazo marcado por la ley para aceptarla, «para que no se siga perpetuando una injusticia».
Señala la recomendación 47/2009 dirigida a la PGR, que se vulneraron los derechos fundamentales a la legalidad, la seguridad jurídica y la procuración de justicia de la señora y sus co-acusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, con las probadas actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de los elementos de la antigua Agencia Federal de Investigación, perteneciente a la Procuraduría.
Jacinta Francisco, defendida jurídicamente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, fue acusada por los hechos del día 26 de marzo de 2006 en su comunidad de Santiago Mexquititlán, cuando policías agredieron a vendedoras y vendedores del tianguis, acusándolos de vender productos «pirata» y causando destrozos a sus productos. Recibió sentencia el 19 de diciembre de 2008 y se le impuso una pena carcelaria de 21 años, a la que apeló.
Se realizaron entonces careos procesales debido a que hubo «sustanciales contradicciones» en las declaraciones de los acusadores, como manifestó el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito con sede en Querétaro.
Al respecto, señalan las organizaciones que resulta preocupante que sean «los mismos elementos policíacos, quienes se dicen víctimas, hayan sido los que han asumido desde la averiguación previa el carácter de ofendidos, investigadores y testigos».
LOS HECHOS
El Centro Prodh describe que el 26 de marzo de 2006, seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) sin el uniforme de la corporación llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, comunidad ñähñhú del sur de Querétaro y, bajo el pretexto de que se vendían artículos «pirata», agredieron a las y los tianguistas, destruyendo sus productos.
La gente exigió a los policías mostrar su identificación y la orden que avalara dicha actuación, petición apegada a la legalidad, pues exigían el respeto a sus derechos ante un acto arbitrario. Con la intervención, solicitada por los agentes, de un agente del Ministerio Público Federal y de su superior regional, se llegó a un primer acuerdo: los funcionarios reconocieron que los policías habían cometido un error, por lo que se comprometían a responder por los daños ocasionados.
A los comerciantes se les dio mercancía que no era suya, incumpliendo los acuerdos, los que generó indignación por parte de las y los comerciantes.
Una vez más, funcionarios y comerciantes llegaron a un acuerdo para el pago en efectivo por los daños causados, pero ante la imposibilidad de resarcirlos ipso facto, debían trasladarse a San Juan del Río para conseguir la cantidad debida.
En garantía de que este nuevo acuerdo sí sería cumplido, los propios agentes acordaron dejar a uno de sus compañeros en Santiago Mexquititlán. Este agente no fue molestado ni maltratado en ningún momento, afirma el Prodh.
Cuando se cumplió lo pactado, aproximadamente a las siete de la tarde, el incidente parecía haber terminado y de ello hay constancia en un documento firmado por el agente del Ministerio Público Federal en el que los agentes de la AFI se comprometen a no molestar más a los pobladores de Santiago Mexquititlán.
Sin embargo, el tres de agosto de 2008, un grupo de personas, de nuevo sin uniforme, llegó a la casa de doña Jacinta y la llevaron bajo el argumento de que tenía que declarar en la capital del estado «sobre la poda de un árbol». Sin embargo, fue trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito en un vehículo sin identificación oficial y ahí fue presentada ante medios de comunicación, ignorando ella de qué se le acusaba.
Fue hasta su traslado al Centro de Readaptación Social femenil de San José el Alto cuando sus compañeras le explicaron que le atribuían, junto a Alberta Alcántara y Teresa González, el supuesto secuestro de los seis agentes de la AFI en los hechos del 26 de marzo. El proceso de Jacinta culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.
Señalan las organizaciones que la acusación carece de sustento y la sentencia es injusta; la actuación de las autoridades parece más un acto de venganza contra los pobladores que impidieron la actuación arbitraria de los agentes de la AFI y no un acto de justicia.
Además, como las únicas pruebas empleadas para acusar a doña Jacinta fueron aportadas por los mismos agentes e integradas por el agente del Ministerio Público de la Federación que también había participado en los hechos del 26 de marzo, es posible presumir que ambas autoridades actuaron de común acuerdo para imputar falsamente delitos a algunos tianguistas de Santiago Mexquititlán en represalia por impedir el abuso que se quería cometer contra ellos, señalan.
Por tanto, concluyen su texto, «teniendo en cuenta los tratados nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos firmados y ratificados por México, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la gravedad de los hechos antes mencionados».
09/GG
