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Piden perredistas a ASF revise ejercicios fiscales del Inmujeres

Por Rafael Maya

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa cometió daño patrimonial contra la institución por más de un millón y medio de pesos, y otorgó préstamos por 117 mil pesos sin la autorización correspondiente, entre otras irregularidades administrativas y financieras que denunció hoy el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa en San Lázaro, los diputados perredistas Malú Micher, Alfonso Ramírez Cuéllar e Inti Muñoz, dieron a conocer los resultados de dos auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2003 al Inmujeres, que comprueban varias irregularidades cometidas por los órganos directivos del instituto.

Entre los desarreglos financieros que destaca el documento entregado a las y los representantes de los medios de comunicación, se encuentra el “daño patrimonial” a Inmujeres por un monto de un millón 515 mil 312 pesos, por concepto de obra pública para la remodelación en 2001 de sus oficinas.

Ello, luego de que el instituto subcontrató servicios a la empresa Taller Cinco y pagó trabajos “no ejecutados y duplicados”, violentando así la Ley de Obras Públicas y Servicios Públicos, por lo que –destaca el texto-, Inmujeres podría hacerse acreedor a sanciones administrativas.

Desde marzo pasado las diputadas Malú Micher y Marcela Lagarde denunciaron esas irregularidades, situación que fue negada en todo momento por Patricia Espinosa.

En los documentos entregados a la prensa, los diputados perredistas advierten posibles sanciones penales en contra de quien o quienes resulten responsables por haber incurrido en “deficiencias” en la contratación de servicios, arrendamientos, y compra de bienes inmuebles con cargo al crédito externo número 7022-ME, denominado Proyecto Generosidad.

Según los resultados de la auditoría 08/2003, en ese caso particular, el Inmujeres infringió el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Entre otras conductas irregulares que merecerían pena de cárcel para las o los funcionarios del instituto que resulten responsables, se encuentran el pago de contratos de obra pública “que carecen de documentación que sustente la conclusión de los trabajos realizados”.

Asimismo, la auditoría 08/2003 realizada por la SFP detectó que el Inmujeres otorgó préstamos a seis trabajadores por un monto de 117 mil pesos “sin que exista reglamentación interna aprobada por la junta de gobierno y asignación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda”.

Otras irregularidades denunciadas son: Contratación “improcedente” de un despacho jurídico siendo que el instituto cuenta con una coordinación de asuntos jurídicos, por un monto de 147 mil 667.50 pesos; pagos de sueldos a 181 trabajadores sin contar con los contratos individuales de trabajo; y el alquiler de la empresa Santa Fe en la que laboraba la hija de Espinosa, Patricia Parrodi.

Malú Micher hizo referencia al punto de acuerdo presentado la víspera en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los ejercicios fiscales del Inmujeres desde 2001 al 2003, y proceda a fincar responsabilidades por el presunto daño patrimonial al Estado cometido por ese mecanismo.

Ramírez Cuellar enfatizó que la denuncia del PRD contra el Imujeres está bien sustentada, y advirtió que en el instituto existe una “gran impunidad”.

“Espinosa no ha hecho mal su trabajo, lo ha hecho muy mal”, criticó finalmente Micher y observó que el Inmujeres a través de los fondos del programa Proequidad estaría además financiando a grupos de mujeres con visiones ultraconservadoras.

2004/RM/GV/SM

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